Un oasis en medio del sistema de hambre agroindustrial
Para Marcelino Miranda recuperar la tierra y hacerla colectiva es el primer paso para garantizar la soberanía de los pueblos. “No trabajar para terratenientes ni empresarios, sino para la comunidad, sabiendo que el trabajo de nuestras manos nos dará los frutos para sostener a las familias es importante. Sin tierras no podríamos avanzar en los cultivos ni la comercialización. Con la tierra: nunca más seremos peones”.
En la actualidad las 2 mil familias de Montaña Verde viven gracias a la siembra de maíz, frijoles, yuca, plátano, camote, caña, malanga, hortalizas y café. La comunidad entregó a cada familia, independientemente si es mujer u hombre, una hectárea de tierra para la producción familiar. Luego se trabaja lo colectivo, así se garantiza que los alimentos lleguen a todos y todas. El resto de necesidades como ropa, calzado, medicinas y demás productos de consumo, se logran con la venta del café.
“Los alimentos básicos de toda la comunidad salen de los cultivos que tenemos. Cuando algunas familias logran mejor cosecha de frijol, hortalizas o maíz, hacemos trueques, te intercambio esto por aquello, y así logramos que todos tengamos la oportunidad de comer los variados alimentos que la tierra nos regala. Es muy bonito y sano vivir en Montaña Verde”, dice Margarito Vargas, vicepresidente del Consejo Indígena.
Para Wendy Cruz de la organización Vía Campesina, el Gobierno hondureño habla de seguridad alimentaria, aunque en la práctica no existan políticas que reduzcan la pobreza y miseria en la cual viven los más de 9 millones de habitantes. Al cierre del 2019, datos del Fosdeh documentan que, de cada 10 hondureños, 6 viven en pobreza, con hambre, en un estado de inseguridad, no se garantizan los alimentos mínimos. Con la pandemia y el paso de los huracanes Eta e Iota esta realidad empeoró.
En este contexto, el sector agroindustrial se encuentra fortalecido. Según datos del Banco Central de Honduras recopilados por el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Monitoreo (SISEM-SAG), para el 2020, las exportaciones del sector agropecuario representan 2,685 millones de dólares que significan el 74.56% del comercio exterior del país.
Según la investigación del ERIC-SJ “Elites, redes de poder y régimen político en Honduras”, uno de los grupos agroindustriales más importantes del país es la Corporación Dinant, relacionada con negocios de Miguel Facussé, la cual es dueña, entre varias empresas, de plantaciones de palma africana en el Bajo Aguán. Territorio que ha sufrido múltiples conflictos de tierra ante desalojos campesinos. El aceite que proviene de la palma africana, representó para el 2017, un 12% del valor de las exportaciones del país, según SISEM-SAG.
En el Informe sobre Tierras, Viviendas y Desplazamientos forzados en Honduras realizador por ACNUR en 2017, se señala las consecuencias negativas del acaparamiento de tierras que produce actividades agroindustriales o extractivistas, ante ello Forest Trends (2015) “advierten que la superposición de concesiones mineras e hidroeléctricas, la expansión de la ganadería y los monocultivos, el acaparamiento de tierras por actores externos, el narcotráfico y la violencia están desencadenando profundos impactos de desterritorialización y fragmentación de los territorios de los pueblos indígenas.”
En el Foro de Crisis alimentaria y los nuevos riesgos para los campesinos y campesinas en Honduras Frente al COVID-19, Wendy Cruz señala críticas al decreto ejecutivo PCM-030-2020 que declara como “prioridad nacional el apoyo al sector productor de alimentos y agroindustria alimentaria, se decretan medidas para asegurar la soberanía y seguridad alimentaria”. Indica que se están aprovechando de la pandemia para incrementar la concentración de la tierra en Honduras: “ese PCM va dirigido a robarse las pocas tierras ejidales, esas tierras que la OABI (Oficina Administradora de Bienes Incautados) ha quitado a terratenientes, a varios grupos, se lo están pasando a la gran agroindustria.”
El artículo número 4 del PCM ordena a la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), poner a disposición de la “las tierras fiscales, nacionales y ejidales que pudiendo dedicarse a la producción agrícola no estén siendo utilizadas, a fin de que las mismas puedan ser puestas a disposición de los productores nacionales para la producción de alimentos.”
“En medio de esa realidad de hambre, desde la organización intentamos, aunque parezca utopía, hablar de soberanía alimentaria, que incluye el derecho de los pueblos a decidir la forma de producir, pero también el derecho a tener acceso a los medios de producción, a la tierra, como un proceso integral donde las comunidades vivan en armonía con la naturaleza”, dice Cruz.
“En el manejo de la tierra hemos procurado el intercambio de saberes. Por ejemplo, todo el abono que se usa en la comunidad es orgánico, usar químicos además de caro, es sinónimo de maltratar la tierra. Cada familia prepara su abono con estiércol, chingaste de café, cáscaras de huevo, conchas de plátano, zacate y otros desperdicios que salen de casa, eso da fuerza a la tierra. Luego nos formamos sobre el control de plagas y el manejo de bancos de semillas. Practicamos los intercambios de las semillas originarias para salvaguardar las nativas, así no depender del mercado de la agroindustria, todo conocimiento es colectivo y debe practicarse para cuido de la madre naturaleza”, dice Marcelino.