Solo en los primeros 12 días de noviembre, en el contexto de las elecciones municipales, se registraron 44 detenciones arbitrarias. De estas, 16 personas continúan en prisión, procesadas por supuestos delitos de “conspiración a la patria”, lo que lleva a confirmar que fue el período de este año en el que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha capturado a más opositores, según los datos proporcionados, a inicios de diciembre, por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
El Mecanismo identificó un patrón represivo similar al de las elecciones presidenciales del año pasado, cuando se contabilizaron 42 personas detenidas en los primeros siete días de noviembre, previos al de las elecciones. De estas, 21 continúan en prisión, la mayoría condenadas por los mismos supuestos delitos de “conspiración y menoscabo de la soberanía nacional”.
Uno de los capturados en este período fue el sociólogo y analista político, Óscar René Vargas, en la mañana del martes 22 de noviembre. Según denunciaron sus familiares, un fuerte comando de policías encapuchados entró por la fuerza a la casa de su hermana en un barrio de Managua para apresarlo, sin que éste opusiera resistencia. Vargas se encontraba clandestino en el país, pero salió para visitar a su hermana, quien se encuentra delicada de salud. A los diez minutos llegaron los policías, saltándose los muros de la vivienda, con armas en mano, para llevárselo hacia la temida Delegación de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote.
Tres días después, Vargas fue acusado por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas a través de tecnologías de la información y la comunicación”. Su familia expresó preocupación por el estado de salud de Vargas, de 76 años, quien ha perdido entre seis y diez libras, según pudieron constatar en la vista que le hicieron el 7 de diciembre. Vargas sufre de varios padecimientos de salud: hipertensión arterial, glaucoma y es portador de un marcapaso; además tiene una hernia lumbar. Se encuentra en una celda de castigo, sin manta para cobijarse, y duerme en una cama de concreto.
Vargas fue asesor de Ortega durante los años ochenta, en el primer gobierno sandinista. En 2007, ya con la vuelta de Ortega al poder, fue designado embajador en Francia, pero se anuló su nombramiento. La única explicación la dio el propio Vargas al diario LA PRENSA, en una entrevista en la que dijo que “pensar trae mucha adversidad”.
235 presos políticos hasta noviembre
El dato global de presos políticos es aún más alarmante: hasta el mes de noviembre de este año se registran 65 opositores capturados y procesados, la cifra más alta desde diciembre de 2018, cuando hubo hasta 674 detenidos por razones políticas, después de las protestas que iniciaron en abril de ese año, según esta organización. Desde entonces, el año en el que se registró más capturas de presos políticos fue 2021, con 50 personas. La cifra de 2022 puede aumentar, pues, en los primeros días de diciembre, la Policía capturó a dos periodistas de la diócesis de Matagalpa y a Jorge Osbaldo Lacayo Cuadra, de 37 años, hijo del mayor general en retiro Osbaldo Lacayo Gabuardi.
Los 235 presos políticos totales que están en las cárceles también es la cifra más alta en los últimos cuatro años. En 2019 se registraron 148; en 2020 hubo 110, y el año pasado la cifra ascendió hasta 160. El Mecanismo incluye a 10 presos más que ya habían sido encarcelados antes de 2018.
En un informe, que presentó este jueves 15 de diciembre, el alto comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, confirmó la lista de 225 personas (199 hombres y 26 mujeres, aunque no incluye a los 10 anteriores a 2018) detenidas en Nicaragua por sus posiciones políticas y críticas al régimen Ortega-Murillo. “Esto ilustra una situación en la que el contrato social está en ruinas, la verdad erosionada, las vidas rotas y la sociedad fracturada”, concluyó el alto comisionado.
Mientras tanto, la procuradora Wendy Morales, que intervino en representación del Estado nicaragüense, en la sesión especial de presentación del informe por vía telemática, expresó su “rechazo total” al informe y denunció que la Oficina de Naciones Unidas “sigue mostrándose infame hacia Nicaragua, descalificando y denigrando a las autoridades e instituciones del país”.
Morales dijo que “mientras sigan existiendo informes como este, seguiremos denunciando la posición manipuladora y parcializada de la oficina (…), que no se pronuncia sobre las arbitrarias sanciones agresivas e ilegales que algunos países nos han impuesto”.
En esa misma sesión, el abogado y defensor de derechos humanos, Juan Carlos Arce, en nombre de 34 organizaciones nicaragüenses e internacionales, hizo un “llamado global a una resolución sobre Nicaragua que renueve por un período de dos años el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, y el mandato del monitoreo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos”.
Más de un preso político a la semana
Después de la crisis política de 2018, el régimen Ortega-Murillo liberó a 566 personas, entre 2019 y 2020. Un efecto puerta giratoria. Sin embargo, en los dos últimos años, 2021 y 2022, ha capturado y procesado a 115. En diciembre de 2020 se contabilizaron 110 presos políticos. Este aumento de más del doble de presos políticos, más de un preso a la semana, durante los últimos dos años, coincide con la consolidación del régimen de partido único que ha ejecutado la familia presidencial, adjudicándose el triunfo en dos elecciones –presidenciales y municipales– sin competencia, ya que los líderes opositores que podrían haberse presentado, están (todas y todos) entre las personas encarceladas o en el exilio forzoso.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas señala que, durante los últimos dos meses, “ha habido un incremento de agresiones a familiares de activistas y políticos presos”. Agrega que estos actos son parte de los métodos utilizados por el Estado. Los califica de “ejemplificantes y aleccionadores” con una clara intención de “fomentar la autocensura y desmovilización ciudadana frente a la lucha por la libertad de las personas presas políticas”.
La lista señala además que hay 46 personas que han sido capturadas más de una vez entre 2018 y 2022. También, se contabilizan 36 presos políticos de más de 60 años de edad, entre ellos seis mujeres y 30 varones.
Al menos, 79 personas se encuentran en celdas de reclusión diferenciada: cinco en aislamiento, ocho en celdas de castigo y 66 en máxima seguridad. Actualmente, se registran 59 presos políticos en la Delegación de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, donde, según se ha denunciado en repetidas ocasiones, se practican torturas contra los encarcelados.
Esta información ha sido producida con la colaboración de Otras Miradas como un apoyo al periodismo independiente en Centroamérica.
Hemos omitido el nombre del autor de esta crónica periodística por motivos de seguridad en Nicaragua y los nombres de las personas entrevistadas fueron cambiados por seudónimos para su seguridad y privacidad. La información que publicamos en DIVERGENTES proviene de fuentes contrastadas. Debido a la situación en la región, muchas veces, nos vemos obligados a protegerlas bajo seudónimo o anonimato. Desafortunadamente, algunos gobiernos de la región, con el régimen de Nicaragua a la cabeza, no ofrecen información o censuran a los medios independientes. Por ello, a pesar de solicitarlo, no podemos contar con versiones oficiales autorizadas. Recurrimos al análisis de datos, a las fuentes internas anónimas, o las limitadas informaciones de los medios oficialistas. Estas son las condiciones en las ejercemos un oficio que, en muchos casos, nos cuesta la seguridad y la vida. Seguiremos informando.
