Mientras tanto, la procuradora Wendy Morales, que intervino en representación del Estado nicaragüense, en la sesión especial de presentación del informe por vía telemática, expresó su “rechazo total” al informe y denunció que la Oficina de Naciones Unidas “sigue mostrándose infame hacia Nicaragua, descalificando y denigrando a las autoridades e instituciones del país”.
Morales dijo que “mientras sigan existiendo informes como este, seguiremos denunciando la posición manipuladora y parcializada de la oficina (…), que no se pronuncia sobre las arbitrarias sanciones agresivas e ilegales que algunos países nos han impuesto”.
En esa misma sesión, el abogado y defensor de derechos humanos, Juan Carlos Arce, en nombre de 34 organizaciones nicaragüenses e internacionales, hizo un “llamado global a una resolución sobre Nicaragua que renueve por un período de dos años el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, y el mandato del monitoreo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos”.
Más de un preso político a la semana
Después de la crisis política de 2018, el régimen Ortega-Murillo liberó a 566 personas, entre 2019 y 2020. Un efecto puerta giratoria. Sin embargo, en los dos últimos años, 2021 y 2022, ha capturado y procesado a 115. En diciembre de 2020 se contabilizaron 110 presos políticos. Este aumento de más del doble de presos políticos, más de un preso a la semana, durante los últimos dos años, coincide con la consolidación del régimen de partido único que ha ejecutado la familia presidencial, adjudicándose el triunfo en dos elecciones –presidenciales y municipales– sin competencia, ya que los líderes opositores que podrían haberse presentado, están (todas y todos) entre las personas encarceladas o en el exilio forzoso.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas señala que, durante los últimos dos meses, “ha habido un incremento de agresiones a familiares de activistas y políticos presos”. Agrega que estos actos son parte de los métodos utilizados por el Estado. Los califica de “ejemplificantes y aleccionadores” con una clara intención de “fomentar la autocensura y desmovilización ciudadana frente a la lucha por la libertad de las personas presas políticas”.
La lista señala además que hay 46 personas que han sido capturadas más de una vez entre 2018 y 2022. También, se contabilizan 36 presos políticos de más de 60 años de edad, entre ellos seis mujeres y 30 varones.
Al menos, 79 personas se encuentran en celdas de reclusión diferenciada: cinco en aislamiento, ocho en celdas de castigo y 66 en máxima seguridad. Actualmente, se registran 59 presos políticos en la Delegación de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, donde, según se ha denunciado en repetidas ocasiones, se practican torturas contra los encarcelados.