El aborto en Centroamérica y México ha estado en boca de todas esta semana. La región es una de las que más castiga la interrupción del embarazo, de las que más lucha por el derecho a decidir de las mujeres sobre su salud y su cuerpo, y también de las que cuenta con una sociedad más conservadora respecto a este asunto a causa del peso de la religión. Además, la reciente despenalización del aborto en México, es un avance de y para las mujeres que contagia esperanza a las activistas que inciden para generar una transformación cultural a nivel social y político que permita adquirir derechos y garantías de este problema que debe ser considerado una cuestión de salud pública.
El pasado 28 de septiembre se celebró a nivel mundial el Día de la Acción Global por un aborto legal y seguro. El medio nicaragüense aliado a Otras Miradas, Onda Local, publicaba que, «hasta la fecha de las 35 naciones que conforman el continente americano, Nicaragua es uno de los cinco países que prohíben el aborto sin excepción, los demás son El Salvador, Honduras, República Dominicana y Haití. En algunos países de Latinoamérica se contempla la figura del aborto como una práctica legal, esta varía según las leyes establecidas en sus códigos penales, algunas como Uruguay, Cuba, Puerto Rico, Argentina, Guyana y Guyana Francesa permiten la interrupción del embarazo durante las primeras semanas de gestación, según el plazo establecido por sus leyes. El resto de los países de la región integran causales en mayor o menor medida para la interrupción de un embarazo, tomando en cuenta aspectos como la protección de la vida de la madre si esta estuviera en riesgo, violación, inviabilidad del feto, incesto o incluso factores económicos». A continuación repasaremos el estado de la legislación sobre el aborto en cada país de Centroamérica y México
EL SALVADOR
El medio Nicaragua Investiga se hizo eco de una comunicación compartida por Nayib Bukele en su cuenta de Facebook el 17 de septiembre de 2021. El Presidente de El Salvador afirmó que había decidido “no proponer ningún tipo de reforma constitucional a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia».
El Salvador es el país de Centroamérica con la legislación más restrictiva sobre interrupción del embarazo. Más que restrictiva, la legislación actual es criminal. Las mujeres que abortan pueden ser condenadas hasta con 30 años de prisión, sea cual sea la causa de la interrupción: por violación, por el estado de salud de la mujer, por ser niñas, por complicaciones obstétricas, por riesgo en el desarrollo del feto, y por supuesto por no desear ser madres.
Esta es la tremenda barricada de púas y alambres con la que las fuerzas del Estado bloquearon el acceso a la Asamblea Legislativa de El Salvador el 28 de septiembre de 2021. Estos alambres, mucho más que disuasorios, son con los que la población salvadoreña corona sus muros para defenderse de las pandillas. Todo un símbolo visual de la violencia criminal que se respira en El Salvador, casi un símbolo patrio. Pues así fueron recibidas en el parlamento salvadoreño conformado por mayoría absoluta de diputados del partido del Presidente: Nuevas Ideas, «La Propuesta Beatriz» y las colectivas feministas que acompañaban desde la calle la entrega de esta propuesta de ley que busca despenalizar el aborto por tres causales. Como a criminales. Esa es la imagen de las activistas en defensa de la vida de las mujeres que el Gobierno de Nayib Bukele quiere instalar en el corazón de su pueblo. Pero la percepción no siempre es realidad, y la realidad, a veces, es pura y llanamente la dura verdad. La realidad es que en El Salvador, las mujeres que interrumpen su embarazo son, a ojos del Estado y de la Justicia, homicidas. Y eso es lo que la Propuesta Beatriz, busca cambiar.
Organizaciones defensoras de derechos de las mujeres presentaron una nueva propuesta de reforma al Código Penal para agregar al artículo 133 el aborto en tres causales, luego que la anterior propuesta fue archivada por la Comisión de Legislación, dominada por diputados oficialistas de Nuevas Ideas. Esta es la cuarta vez que una propuesta relacionada a despenalizar el aborto llega a la Asamblea Legislativa desde 1998, cuando se reformó la legislación y se prohibió el aborto de manera absoluta. A las afueras de la Asamblea Legislativa, las mujeres fueron recibidas por la diputada Anabel Belloso y el diputado Johnny Wright Sol, una barricada y un grupo de agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden.
La nueva propuesta ha sido nombrada “Reforma Beatriz”, en memoria de una mujer a la que el Estado salvadoreño le negó el acceso al aborto eugenésico en 2013, a pesar de padecer colagenopatía y lupus y de que un equipo médico diagnosticó que el feto no tenía posibilidades de sobrevivir.
La nueva propuesta, denominada “Reforma Beatriz”, tiene algunos cambios a nivel técnico en comparación con las propuestas que se presentaron anteriormente y que fueron desechadas por la nueva Asamblea. Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, explicó a GatoEncerrado que se combinaron dos de las cuatro causales de la propuesta presentada en 2016: las causales de aborto por violación en mujeres y aborto por estupro o violación en menores ahora son una misma.
García también comentó que una de las mayores diferencias de esta propuesta con la anterior es que por primera vez se reconoce el derecho de todas las personas gestantes, como pueden ser los hombres trans y personas no binarias, ya no únicamente el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo. “Hay hombres trans que se han enfrentado también a embarazos impuestos debido a las violaciones correctivas que es parte de la transfobia en el país”, explicó. Sigue leyendo…
NICARAGUA
En Nicaragua existe una prohibición total del aborto desde el año 2006, cuando a tan solo nueve días de las elecciones del 5 de noviembre de ese año, el gobierno conservador de Enrique Bolaños derogó la ley que permitía el aborto, dicha acción fue respaldada por el entonces candidato presidencial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Daniel Ortega Saavedra y demás partidos políticos que participaron en la contienda.
El apoyo de Daniel Ortega a la penalización del aborto fue parte de la estrategia de su campaña electoral y del “acercamiento” a la iglesia católica. El FSLN y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) se declararon provida y usaron la campaña electoral para justificar la penalización del aborto terapéutico en el país, una práctica que estaba permitida desde 1837.
Nicaragua realizará elecciones presidenciales el próximo 7 de noviembre, un proceso calificado desde ya como una farsa electoral e ilegítimo. Para las mujeres, esta farsa no se manifiesta en la imposibilidad de elegir libremente y en la no inclusión de sus derechos en las agendas de los partidos políticos. Ninguna de las siete “fórmulas presidenciales”, por ejemplo, ha incluido la despenalización del aborto como parte de sus propuestas de gobierno. Sigue leyendo…
HONDURAS
Pese a que el Partido Libertad y Refundación (Libre) y la Unidad Nacional Opositora de Honduras (Unoh), presentaron sus propuestas de gobierno, la propuesta de despenalización del aborto es la que ha copado espacios en la agenda nacional.
Uno de los temas que más causó alergias en una sociedad todavía muy conservadora fue mencionar en el eje orientado a género la despenalización del aborto por tres causales universales: riesgo de la vida de la madre, que el embarazo sea producto de una violación o que el feto tenga malformaciones.
Este tema es tan espinoso, que incluso la candidata Xiomara Castro en la presentación de su plan de gobierno en la CCIC, cuando fue preguntada si estaba a favor del aborto manifestó que ella profesa la religión católica, pero se deben tocar temas que por mucho tiempo han estado ocultos y que se convierten en una realidad en el país. «Estos temas hay que llevarlos a debate y que sea el soberano el que defina», concluyó.
En enero del 2021, el diputado nacionalista Mario Pérez, introdujo un proyecto para blindar la prohibición que existe en Honduras sobre el aborto por cualquier causa. La reforma realizada al artículo 67 de la Constitución está orientada a que sea legalizado en el futuro, según un artículo de la BBC, Honduras es uno de los pocos países en el mundo que mantiene una prohibición total del aborto.
Honduras también tiene una prohibición sobre la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE). De acuerdo con la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras, es el único país en América Latina que no permite el acceso a este método de anticoncepción, que se encuentra dentro de la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En Honduras, cada año 900 niñas menores de 14 años están dando a luz, muchos embarazos producto de relaciones forzadas. Otro dato demuestra, la trascendencia de este tema es que el aborto inseguro es la cuarta causa de mortalidad materna en el país. Sigue leyendo…
GUATEMALA
La abogada Quetzalí Cerezo Blandón habla en esta entrevista del aborto como un problema de salud pública, de las consecuencias que tiene para las mujeres de Guatemala su no despenalización y de cómo la pandemia por COVID-19 ha agravado la situación de niñas, adolescentes y mujeres que se tienen que someter a abortos en condiciones inseguras.
En Guatemala, el Código Penal (el texto que regula los delitos y sus penas) es la única ley que menciona la palabra aborto. Y la menciona para hablar de los abortos como eso, como un delito, con sus sanciones y sus diferentes niveles de gravedad. En Guatemala, una mujer puede ir a prisión tres años si interrumpe su embarazo. La pena puede elevarse a 12 años para la persona que realiza la intervención.
Hay un tipo de aborto que no está penado: el terapéutico. Si la vida (la vida, no la salud) de la mujer está en riesgo, un médico puede realizar la intervención pero —remarca el Código Penal— nunca con la intención de buscar “la muerte del producto de la concepción”, siempre con el respaldo de otro profesional de la salud y como última opción.
¿En Guatemala se entiende la situación de los abortos como un problema de salud pública?
En general no se entiende así. La muestra es que está penalizado. El aborto está tratado en el Código Penal, como un delito.
Por el otro lado, existen algunos protocolos que regulan el aborto terapéutico y la atención post aborto. Eso se ha forzado desde los movimientos sociales, los médicos y médicas con un pensamiento progresista basado en los derechos humanos que han empujado esta tendencia a crear mejores regulaciones para tratar a mujeres que llegan a los hospitales para ser atendidas por complicaciones de un aborto. La mayoría son casos de abortos clandestinos y muchos inseguros.
Se trataba de ir rompiendo el estigma del aborto y que las mujeres pudieran llegar a los hospitales públicos y que no se murieran o tuvieran complicaciones severas. Y, además, que esta atención fuera humanizada.
Con una Constitución que se basa en los Derechos Humanos es paradójico querer exigir una atención médica humanizada para las mujeres. Pero es así, el aborto estaba tan estigmatizado que había que pedir a los médicos y médicas que trataran de manera humana y digna a las mujeres.
Este panorama nos da una idea de que el Estado de Guatemala no trata la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho humano y como un problema de salud pública, sino que lo trata como un delito criminalizando a las mujeres y poniéndolas en una situación de verdadero riesgo para su vida y su salud. Sigue leyendo…
MÉXICO
Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró, por primera vez en su historia, que es inconstitucional la penalización del aborto voluntario pues viola el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes. A partir de esta resolución se invalida el art 196 del CP de Coahuila, que imponía hasta 3 años de cárcel a quienes abortan voluntariamente. El criterio sienta precedente en todo el país.
“A partir de ahora no se podrá procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos considerados por este tribunal”, dijo el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. Se trata, añadió, de una “nueva ruta de libertad, claridad, dignidad y respeto y un gran paso en la lucha histórica por la igualdad y el ejercicio de sus derechos”.
La justicia mexicana abre así un camino expedito para la interrupción voluntaria del embarazo, una práctica muy desigual en todo el país, donde solo cuatro Estados de los 32 han legislado una ley de plazos. En el resto se manejan con normas restrictivas que apenas contemplan los riesgos para la madre, las malformaciones del feto y los casos de violación como causas no punibles para abortar. Y no siempre se cumplen. Sigue leyendo…
