El 8 de marzo es ya una fecha universal para reivindicar las luchas y los avances en materia de derechos de las mujeres. En muchos países, esos avances son innegables, también en Centroamérica y México. Contra viento y marea y en oposición a sociedades y gobiernos misóginos, las mujeres han ido poco a poco conquistando derechos que, antes, parecían impensables.
La despenalización del aborto en México en septiembre del 2021 es quizás el avance más reciente y significativo de los últimos años en la región, pero hay otros que, aunque no son visibles en las leyes se reflejan en la vida cotidiana, como la presencia y “salida del clóset” de más y más mujeres y hombres homosexuales, la ruptura con el mandato de la virginidad, la denuncia de la violencia machista, entre otros.
Lejos de ser triunfalistas, hay que decir que el 8 de marzo de este 2023 llega para las mujeres de Centroamérica y México en medio de un fuerte retroceso democrático y de un avance claro de políticas y figuras de poder autoritarias que entre las medidas de represión que ejercen contra la ciudadanía se llevan muchos derechos conquistados por las mujeres a lo largo de muchos años de reivindicaciones sociales. De estos derechos poco se habla cuando se dan noticias sobre el autoritarismo de Nayib Bukele en El Salvador o sobre la represión creciente ejercida por Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Tampoco se mencionan de forma concreta cuando se habla de los rampantes casos de corrupción en Guatemala o de la situación de la violencia y el estado de excepción en Honduras.
Pero todo lo que ocurre en las grandes esferas de poder y en las decisiones que afectan la vida de la ciudadanía en general, siempre tiene una arista de género que pasa desapercibida en las noticias, pero que deja consecuencias directas sobre las mujeres y sus vidas.
En Nicaragua ser feminista es “un delito”
“Las feministas no podemos salir a la calle ni siquiera el 8 de marzo, tampoco podés decir que sos feminista abiertamente porque te pueden poner en una lista de opositores y te llevan a la cárcel” cuenta Rosa (nombre ficticio), una joven activista feminista y que actualmente se define como ciberactivista anonima porque “no se puede hacer ningún tipo de activismo en la calle”. Desde el año 2014 cuando el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo puso un contingente de policías para impedir la manifestación del 8 de marzo, las mujeres en Nicaragua no tienen permitido manifestarse a favor de sus derechos. Y a partir del 2018 esta restricción se agudizó aún más llegando al punto que hoy es imposible cualquier tipo de manifestación debido a la represión y también debido a que el movimiento feminista y todas sus organizaciones han sido desmanteladas, despojadas de su personería jurídica y sus principales representantes obligadas al exilio.
Pero esta prohibición de marchar no viene sola, viene acompañada de una serie de restricciones en derechos fundamentales para las mujeres. Como la prohibición y penalización del aborto en todas sus formas (incluyendo en casos de malformación del feto o violación) es una de las muestras más claras de que se trata de un gobierno que “odia a las mujeres” como afirmó la exguerrillera Dora María Téllez tras su salida de la cárcel y destierro del país el pasado 9 de febrero.
Bajo un régimen dictatorial, en Nicaragua reina la impunidad que se expresa en una justicia con poca o nula diligencia para resolver casos de violencia machista, donde las organizaciones de mujeres han denunciado la liberación por indulto de presos comunes acusados y condenados por violencia sexual o femicidios.
Cárcel para las mujeres salvadoreñas
Ningún gobierno en El Salvador ha sido capaz de revertir una vergonzosa ley que penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia, incluido el terapéutico, con penas de hasta 30 años, y que ha llevado a la cárcel a unas 180 mujeres según el Centro para la Igualdad de la Mujer, muchas de las cuales han sido procesadas o condenadas por abortos involuntarios o por problemas obstétricos que derivaron en la pérdida del embarazo.
Lo que ocurre en El Salvador es como una historia de terror que la campaña “Las 17” dio a conocer al mundo pidiendo el indulto de 17 mujeres cumpliendo condenas por abortar y cuyas sentencias ya no tenían otra alternativa legal que no fuera el indulto.
Durante el actual gobierno, bajo el liderazgo de un presidente milenial que se precia de modernidad, pero que ha sido incapaz de revisar y proponer un cambio en la legislación que persigue a las mujeres, principalmente a las más pobres, que son las que terminan en procesos judiciales por abortar.
Justicia injusta en una Guatemala que busca justicia
Guatemala es un país del que tristemente podemos mencionar múltiples casos de abusos, violencia, impunidad e injusticia en contra de las mujeres. Se trata de un país donde ser mujer es estar en un riesgo permanente de sufrir cualquier forma de violencia, sin embargo, si algo se puede destacar es la búsqueda de justicia por parte de las mujeres en contraste con la impunidad que reina en el país.
El caso de las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ampliamente documentado por Agencia Ocote en el especial No Fue el Fuego, es una de esas historias sin resolver todavía que revelan cómo funciona un sistema judicial que se empeña en dejar libres a los responsables y a las víctimas en una espera eterna de justicia. Lo mismo ha ocurrido con casos de justicia transicional o histórica como las denuncias de violaciones durante el conflicto armado. A pesar de los años, las mujeres siguen reclamando condenas a militares que las violaron y aunque en algunos casos se ha logrado una condena, la ejecución de la misma no es tan fácil. Tal es el caso de las mujeres achies que tras 40 años de espera de un juicio, en 2022 por fin se emitió una condena contra sus agresores, pero pasado un año siguen esperando que se cumpla la sentencia.
El caso más reciente y emblemático de impunidad y uso de la justicia para perseguir a las mujeres es el de la exfiscal Virginia Laparra, condenada en un juicio político a cuatro años de prisión, por su trabajo como fiscal contra la corrupción y la impunidad, en una Guatemala que busca justicia frente a poderes que se resisten a perder el control sobre el país y sus instituciones.
Protección de monumentos no de las mujeres
México amanece un 8 de marzo más con una imagen que revela una política clara de protección a monumentos, frente a cifras desoladoras que evidencian la desprotección de las mujeres. Los principales edificios y monumentos de la ciudad amanecieron este 8 de marzo protegidos por vallas metálicas que evitarían que las mujeres manifestantes en la multitudinaria marcha del 8M los manchen o pinten en señal de protesta. Sin embargo, diversas organizaciones feministas denuncian la impunidad y desprotección en un el país donde unas 18 mil mujeres han sido asesinadas en los últimos cinco años.
Todos los problemas afectan a todas las mujeres
Las múltiples problemáticas que afectan el ejercicio de derechos y la consecución de la igualdad, para las mujeres centroamericanas va mucho mas allá del anterior recuento. La violencia machista sigue siendo un flagelo descontrolado que deja 2807 mujeres asesinadas cada año en México, más de 380 en Honduras, más de 600 en Guatemala, 68 y 51 en Nicaragua y El Salvador respectivamente.
La migración es también una realidad que afecta de lleno a las mujeres. Millones de personas en la region están dejando sus territorios buscando una vida mejor porque sus países no ofrecen posibilidades para seguir viviendo dignamente. La migración de las mujeres tiene unas características propias, emigran con sus hijos o dejándolos a cargo de las abuelas, pasan fronteras bajo el riesgo de ser violadas, abusadas o intercambiadas en transacciones entre mafias o grupos delincuenciales que se aprovechan de su condición de vulnerabilidad. Emigran y siguen siendo las cabezas de familia en sus hogares de origen, y algunas encuentran trata, explotación y violencia en el tránsito o destino.
Lo mismo ocurre con los problemas climáticos que afectan en gran medida a las zonas más secas de la región. Son pincipalmente las mujeres las que tratan de resolver la falta de agua, de alimentos y las que se enfrentan al actuar de grandes empresas extractivistas que dejan sin recursos a las comunidades ante el beneplácito o pasividad de sus gobiernos.
Y así como estos, podrían mencionarse muchos otros problemas que evidencien que las afectaciones en la vida y los cuerpos de las mujeres tienen características propias que deben ser contadas, analizadas y resueltas desde una perspectiva de género que tome en cuenta la realidad propia de las mujeres en la búsqueda de soluciones a estos problemas.
La respuesta es el feminismo
El ejercicio del poder autoritario en la región es evidente. Las políticas implementadas por todos los gobiernos rara vez toman en cuenta las necesidades propias de las mujeres, es más, muchas políticas públicas son dictadas con una clara intención de limitar los derechos de la mitad de la población que son las mujeres. Frente a los retrocesos o la resistencia a la igualdad, las organizaciones de mujeres y feministas han estado siempre claras: la respuesta es el feminismo.
El feminismo como movimiento social y político, pero también como apuesta clara por otras formas de ejercicio del poder, por sociedades más igualitarias, para que se acabe la violencia machista o se penalice a quienes la ejercen, que la educación y todos los ámbitos de la vida incluya y promueva la participación de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres.
En Centroamérica y México, hay pequeños avances que siguen sostenidos porque hay mujeres que los defienden, porque si dependiera de los poderes actuales, los retrocesos serían aún más evidentes que los que vemos actualmente en la región.
