Datos en Guatemala
Winners, propiedad de la macroempresa surcoreana SA-E, fue autorizada por el Gobierno para funcionar como servicio esencial de fabricación de ropa al inicio de la epidemia. La compañía, que trabaja para Gap, Banana Republic, Old Navy y Walmart, resultó ser el escenario de una paliza y del despido de tres mujeres sindicalistas. Las 331 empresas que componen la industria maquilera no dejaron de trabajar, aunque solo 66 recibieron el permiso estatal para hacerlo.
Exportaciones se redujeron
La totalidad de las 331 maquilas que operan en Guatemala permanecieron activas durante la pandemia. Así lo admite la patronal textil ocho meses después. “Todas operaron. No cerró ninguna. Se mantuvo el trabajo para los empleados”, explicó Alejandro Ceballos, director de la patronal textil Vestex.
Vestex recibió una solicitud el 15 de mayo del Consejo Nacional de Organización Textiles, la patronal textil de Estados Unidos, para que no cerrara las maquilas. Y se la trasladó al ministerio de Economía. Como consecuencia, varias empresas se dedicaron a fabricar 80 millones de mascarillas, pero fueron negociaciones privadas.
Ceballos reconoce hoy que hubo contagios por no haber cerrado. En las dos primeras semanas de mayo se reportaron 250 casos en dos maquilas: Texpia II, propiedad de SA-E, y KP. Las cifras reales nunca trascendieron. “Eso fue el lado malo”, opina.
A partir de agosto, el sector maquilero de ropa de Guatemala fue el más competitivo del norte de Centroamérica, según Ceballos, porque atendió contratos que los países vecinos no pudieron atender. Por dos razones: El Salvador no consideró industria esencial a la maquila y Honduras priorizó la vestimenta sanitaria y las mascarillas.
Maquilas autorizadas en Guatemala como servicio esencial
El 16 de marzo, el Gobierno de Guatemala anunció el cierre del país durante seis meses por la pandemia de la Covid-19. Al día siguiente, el presidente delegó en el ministro de Economía la decisión de qué empresas operarían como servicios esenciales. Solo once días después, el Presidente modificó las medidas y el ministerio dejó de dar permisos para operar. En teoría, ya solo autorizaba transporte. Una forma alternativa de permitir el funcionamiento.
La autorización favoreció a 7487 empresas. Entre éstas, 66 maquilas recibieron permisos como industria esencial. El Gobierno nunca dio los nombres —aunque se solicitaron mediante ley de acceso a la información y a través del departamento de comunicación del ministerio—, pero fueron obtenidos por El Intercambio a través del grupo parlamentario Semilla.
Datos en Honduras
El Gobierno de Honduras benefició a la industria maquiladora con contratos para material sanitario al inicio de la pandemia de la Covid-19. Pero los trabajadores tenían prohibido usar transporte público. La agresión policial a un autobús privado con más de treinta empleadas de una fábrica textil obligó al Estado a admitir que los agentes aplicaron un procedimiento inadecuado.
Representantes de trabajadores, patronos y gobierno acordaron apoyar a los trabajadores suspendidos con una aportación solidaria de 6,000 lempiras (US$240). El gobierno aportó la mitad para cada empleado.
El Estado invirtió más de US$23 millones en los empleados del sector maquilador. Solo a Jerzees Nuevo Día, le dio 5,358,000 lempiras (US$218,000) para 892 obreras y obreros suspendidos. Esto alcanzó para pagar un bono de US$122 a cada trabajador por dos meses. Con este acuerdo la industria maquilera no tuvo que destinar grandes cantidades para cubrir los salarios de sus empleados suspendidos, quienes sí tuvieron que acomodarse a un recorte en sus ingresos.
Datos en Nicaragua
Ex trabajadoras y empleados de la maquila New Holland Apparel, en Nicaragua, aseguran que hubo casos de Covid-19 en la fábrica. La empresa clasificó los contagios como casos de neumonía atípica y envió a las enfermas a sus casas a cuenta de vacaciones. La empresa anunció el despido de más de 800 trabajadores por supuestas dificultades económicas y financieras ante la crisis sanitaria. Pero no todas aceptaron.
La mayoría de casos de Covid-19 en Nicaragua fueron –y aún son- categorizados como neumonía atípica, según expertos independientes de la salud, quienes han reclamado al gobierno por un supuesto subregistro en los casos.
La teoría de un subregistro se fortaleció ante las denuncias ciudadanas sobre los llamados entierros exprés, como el de La abuelita, en los que trabajadores del Minsa entregaban ataúdes sellados a los familiares, a pesar de supuestamente no tratarse de casos de coronavirus. El departamento de comunicación de New Holland no respondió a las solicitudes para brindar su versión sobre los contagios internos vinculados con el fallecimiento de Cerda.
El Minsa reconoce solo 4,533 casos positivos y 158 muertes hasta el 10 de noviembre. El Gobierno actualiza sus datos cada martes, pero no elabora mapas de zonas de riesgo ni sistematiza de forma pública la información acumulada.
El independiente Observatorio Ciudadano reporta el doble de casos sospechosos e informa de 2,786 muertes sospechosas por Covid-19, en base a reportes ciudadanos. En el número de fallecimientos, incluye tanto los casos confirmados del coronavirus, como aquellos catalogados como neumonía, que corresponden al 5% de las muertes registradas por el Observatorio.
