El pasado 19 de abril, en un colegio de Managua, un maestro pidió a los niños que realizaran dibujos alusivos a la paz. Esta actividad era parte de las orientaciones bajadas por el régimen Ortega-Murillo tras decretar el Día Nacional de la Paz en Nicaragua: “Esta patria donde nos celebramos todos los días y particularmente en este mes de abril, que hemos decretado como mes de la paz, de la concordia, de la tranquilidad de la seguridad, de la estabilidad y del avance contra la pobreza”, dijo la vicemandataria Rosario Murillo. “Nos quisieron interrumpir, nos llenaron de sangre (…) pero no pudieron ni podrán”, añadió la también vocera del régimen posteriormente.
Cinco años después de que el régimen Ortega-Murillo reprimiera con violencia las protestas de abril de 2018, los intentos de instaurar una “contramemoria” de aquellos hechos persisten. El último decreto del Día Nacional de la Paz, como suele ser habitual, fue seguido por una convocatoria a la Asamblea en sesión extraordinaria para que se aprobara de forma legal. En los centros escolares públicos del país se realizaron actos culturales remarcando un pacifismo que se contrapone al actuar represivo de la dictadura.
El abogado Juan Diego Barberena, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), aseguró que la imposición del régimen es consecuente con las acciones de impunidad y el discurso oficial que niega los crímenes de lesa humanidad que ha cometido la dictadura desde el 2018. “La dictadura impone a través de leyes sus propias narrativas de contramemoria, tratando de obviar el pasado reciente”, remarcó.
Según el análisis de un sociólogo y experto en derecho consultado (quien omite su nombre por seguridad), la acción es una más de las que el régimen ha realizado para sepultar cualquier recuerdo de las manifestaciones, dentro del país. La marca de aquellos días sigue presente para las víctimas de la represión que, este año, cumplen cinco años de exigir justicia. El régimen mantiene la narrativa de que todo aquello fue un intento de golpe de Estado, con el apoyo de potencias extranjeras y la complicidad de la oligarquía nicaragüense.
Por otro lado, para un sociólogo nicaragüense con el que contactamos, el mes de abril quedó asociado al concepto de rebelión, por lo que para el régimen “la manera de exorcizar la fecha es declararla como Día Nacional de la Paz. Es algo totalmente absurdo”.
Sin embargo, al especialista le llama la atención que el régimen escogiera esa fecha y no otra que fuese menos trágica. “Lo más consistente, de parte de ellos, hubiera sido que el día de la presunta paz lo ubicaran cuando desmontaron el último tranque, o cuando hicieron una gran redada y metieron a los últimos presos políticos”. Para él, eso confirma que el fin de esta disposición es otro intento del régimen por disputar la memoria de las protestas.
Los intentos de sepultar la masacre
Desde los primeros momentos de la masacre, y ante las evidencias que mostraron al mundo los medios de comunicación sobre la acción criminal de las fuerzas de Ortega-Murillo, el régimen se ha esforzado en subvertir el relato contra toda lógica, insistiendo en su propia versión en busca de que la sociedad nicaragüense olvide los hechos reales. Además del relato, el régimen necesitaba silenciar e invisibilizar la figura de ciertas personas. Por ello, en 2021, se llevaron a cabo redadas contra opositores y críticos del régimen, mediante los cuales la dictadura encarceló a algunos líderes políticos, estudiantiles y sociales que habían participado en las protestas. Además, se aseguró que no pudieran postularse a cargos públicos.
El ejemplo más explícito ocurrió en julio de ese mismo 2021, luego de que fueran arrestados los siete aspirantes de oposición y la Alianza Ciudadanos por la Libertad inscribió al exjefe de la Contra, Óscar Sobalvarro y la exreina de belleza, Berenice Quezada. Tras salir de la sede del Consejo Supremo Electoral (CSE), Quezada dijo que “las condiciones las pone el pueblo saliendo a votar, saliendo a las calles, como lo hicimos en 2018, como lo hicimos en abril”. La mención de la fecha de las protestas provocó que un grupo de simpatizantes sandinistas “denunciaran” a la aspirante en la Procuraduría de Derechos Humanos de haber cometido apología del delito de terrorismo e incitación al odio.
Para Barberena, la “contramemoria” hacia todo lo que significaron las protestas de 2018 es una constante en el régimen sandinista. “Pretenden obviar una realidad social y el comportamiento del pueblo que hace cinco años exige un cambio político”, reiteró el abogado, quien además agregó que estas medidas son insuficientes ante las pruebas y la documentación recopilada por medios independientes y defensores de derechos humanos.
“La gran mayoría de la sociedad nicaragüense está clara de que Ortega y Murillo han actuado en contra de los principios de paz y de la resolución pacífica de los conflictos”, agregó.
Como en Tiananmen, decreto no recordar
El 19 de abril, los colegios públicos planificaron actividades culturales alusivas a la paz. El régimen ya utiliza los libros de texto y los currículum escolares para limpiar su figura e inculcar sus mensajes en los estudiantes. De ese modo, abril se convirtió para el régimen de Ortega y Murillo en una especie de plaza Tiananmen, la masacre que ocurrió en la República Popular China en 1989, que permanece en el olvido oficial, y cuyas víctimas han sido silenciadas de la historia. El Partido Comunista chino se niega a admitir que este evento ocurrió.
La nueva efeméride fue anunciada por Murillo desde el 13 de abril. La iniciativa, compuesta únicamente por dos artículos, se aprobó con los votos de 90 de los 91 diputados que conforman la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Hubo una ausencia, la del diputado sandinista Brooklyn Rivera.
