Afectaciones de los desnacionalizados
La audiencia de la CIDH fue convocada para exponer la situación de violaciones a los derechos humanos de las que han sido víctimas otras 94 personas. A todas ellas se les despojó de su nacionalidad, fueron declarados como prófugas de la justicia y “traidores a la patria”, sin que hubiera procesos en su contra, y se les ordenó la ocupación de sus bienes. Entre estas personalidades se encuentran los escritores Sergio Ramírez Mercado, Gioconda Belli; el obispo Silvio Báez; defensores de derechos humanos, como Vilma Núñez; periodistas, políticos, empresarios, religiosos, entre otros activistas.
Gabriela Oviedo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), hizo una compilación de las afectaciones de los desnacionalizados. En primer lugar, hay un intento de deshonrarlos bajo acusación de “prófugos de la justicia” y “traidores a la patria”, cuando muchos de ellos son defensoras de derechos humanos, feministas, académicos y, en general, “personas que han luchado por el respeto de los derechos, la institucionalidad y la democracia en el país”.
Respecto de los bienes y activos de las personas desnacionalizadas, Cejil informó que el régimen, en muchos casos, ya procedió a la ocupación de los mismos y la cancelación de registros de propiedad.
Oviedo señaló que el despojo de la nacionalidad ha generado, en estas personas, incertidumbre sobre las posibilidades de movilizarse libremente, “por el temor de que se cancelen sus pasaportes y quedar varados”. Esto impide el acceso a empleos y estudios. Además, los desnacionalizados expresan mucha preocupación respecto a los procesos de reunificación familiar. “Por ejemplo, a familiares de personas afectadas se les retiró el pasaporte y se les impidió la salida del país”, dijo Oviedo.
La periodista Sofía Montenegro, una de las 94 personas desnacionalizadas, denunció que fue despojada de su jubilación. “Yo soy una persona que tiene 69 años de edad y trabajo desde los 18 años, y también me ha sido anulada mi pensión”.
Oviedo, del Cejil, dijo que esta situación ha generado afectaciones a la salud, como estrés postraumático, cuadros de ansiedad recurrentes, insomnio, sensaciones constantes de angustias, colitis, entre otras sintomatologías, sin que puedan acceder a la atención psicosocial requerida. “Estas situaciones se agravan en el caso de las personas adultas mayores”, dijo Oviedo.
Cejil informó que 31 de las 94 personas son mayores de 60 años de edad. La gran mayoría tiene problemas de salud, propios de la edad. E inclusive, algunas son sobrevivientes de cáncer o tienen enfermedades crónicas que requieren seguimientos de atención especializada, a la cual no pueden acceder. “Esto atenta contra su vida e integridad personal”, explicó.
Representantes de las organizaciones Race and Equality (Raza e Igualdad) y de la Unión de Defensa Jurídica, presentes en la audiencia, concluyeron que el despojo de la nacionalidad es una “clara represalia contra las personas que han ejercido sus derechos y otras a las que el Estado considera como adversarios”.
Según estas organizaciones, el mensaje es “intimidatorio, orientado a silenciar el disenso en toda la sociedad nicaragüense”, lo cual es violatorio de los tratados internacionales que el gobierno de Nicaragua ratificó en 2013, durante la Convención contra la Apatridia. “La solidaridad de los gobiernos debe también expresarse mediante condenas enérgicas al estado de Nicaragua y otras medidas que logren poner fin a las violaciones de derechos humanos”, señalaron.