En Centroamérica y México fueron 71 las personas asesinadas a causa de la defensa del medioambiente y contra el despojo en 2020. «La evidencia sugiere que, a medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta. Ha quedado claro que la explotación irresponsable y la codicia que impulsan la crisis climática también están impulsando la violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.
En 2020, se registraron 227 ataques letales, lo que establece un promedio de más de cuatro personas asesinadas por semana y lo convierte, una vez más, en el año más peligroso registrado para las personas que defienden sus hogares, la tierra y los medios de vida, así como los ecosistemas que son vitales para la biodiversidad y el clima». Con estos dramáticos datos inicia el último Informe de la organización Global Witness Última línea de defensa.
Estos datos contrastan con algunos avances en nuestra región en materia de justicia ambiental, como el juicio por el asesinato de Berta Cáceres y la condena de Roberto David Castillo como coautor del crimen. También destaca la concesión del Premio Goldman -considerado el Nobel del Medioambiente- a la activista maya mexicana Lady Pech, o la paralización de nuevas empresas hidroeléctricas en El Salvador; así como las miles de familias a lo largo y ancho del territorio centroamericano que siembran y autoproducen alimentos, aunque no sean noticia cotidiana. Estas familias resisten las políticas de desterritorialización de las grandes industrias agrícolas. Sus prácticas de soberanía alimentaria han sido vitales para que las comunidades afrontaran los tramos más duros del confinamiento por la COVID-19, como Otras Miradas reveló en el especial Sembrar en Pandemia.
Sin embargo, la región continúa reproduciendo a nivel estatal, políticas procedentes del colonialismo basadas en la acumulación económica de pocos a base de la sustracción de tierras, de derechos laborales y sociales y de hábitat a muchos. Y a muchas. De esto hablamos cuando hablamos de «Políticas del despojo»
Despojo en Centroamérica y México
Pero, ¿Qué es el despojo?. El geógrafo y urbanista David Harvey, dice que «el despojo es una realidad cotidiana que padecemos todos: despojo de la tierra, del agua, del aire, de la biodiversidad, de nuestros saberes, del patrimonio familiar y comunitario, de los bienes comunes, de nuestros derechos individuales y colectivos, de nuestros sueños y nuestras esperanzas. Nos despojan los proyectos mineros, las represas, las carreteras y ductos. Nos imponen urbanización desordenada, desarrollos turísticos, privatización de los servicios básicos, se adueñan de la biodiversidad y le ponen precio, comercializan y empobrecen nuestra riqueza cultural. «
Las noticias que hemos seleccionado publicadas por los medios de la alianza Otras Miradas, evidencian que, más allá de confirmar que el concepto de despojo es un hecho real en las políticas públicas de la región, sus consecuencias generan desigualdad, violencia y pobreza, y su puesta en marcha se establece, con demasiada frecuencia, a base de sobornos y otros delitos de corrupción.
HONDURAS
Radio Progreso ha lanzado un especial sobre las ZEDE, Zonas de Empleo y Desarrollo Económico en Honduras con una serie de podcasts, vídeos y un site multimedia para contar porqué las ZEDE son una de las políticas estatales del despojo más graves en los últimos 200 años, porqué hay tanta resistencia ciudadana en contra de su implementación y porqué se considera que el programa político de las ZEDE, es el nuevo «enclave bananero moderno«.
«A ocho años de la aprobación de esta política, fruto del Golpe de Estado de 2009, y en el segundo período de Juan Orlando Hernández en el Poder Ejecutivo, la Ley que rige las ZEDE ha cambiado. Amparados en el contexto de la pandemia, el gobierno de Hernández aprovechó las sesiones virtuales del Congreso y avanzó a las reformas a la Ley Orgánica de las ZEDE y otorgó exoneraciones fiscales para los consorcios que sean instalados en los territorios. La reforma, aprobada en mayo de 2021, establece que ninguna autoridad debe imponer a las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE) barreras arancelarias, no arancelarias o de cualquier índole para el ingreso de insumos, bienes y servicios a las mismas.
Actualmente, existen dos iniciativas ciudadanas presentadas ante el Congreso Nacional, una presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción y otra por el Movimiento Nacional Contra las ZEDE y por la Soberanía Nacional, las cuales exigen, con el respaldo la población hondureña, derogar la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), puesto que se considera que atenta contra los tres elementos fundamentales del Estado: la forma de gobierno, el territorio y la población».
El reportaje explica la génesis de las Zede; la cesión de soberanía a cambio de inversión extranjera; el estamento jurídico en el que se asientan; la inconstitucionalidad de la estructura de gestión que rige el funcionamiento de las ZEDE, llamada CAMP y dos casos de ZEDE consolidadas en el país.
Un fuerte aguacero de balas vivas opacó el cielo de las comunidades de Ibans y Cocobila en el municipio de Juan Francisco Bulnes, Gracias a Dios, dejando a 12 pobladores heridos de gravedad y develando la violencia sistemática que sufre el pueblo Miskito, en nombre de la lucha contra el narcotráfico que ovaciona el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Gracias a Dios o la Moskitia, por su ubicación geográfica y difícil acceso, está catalogada como tierra fértil para el trasiego de drogas y otros productos ilegales. De acuerdo a datos oficiales solo en el 2020 fueron inhabilitadas 34 pistas clandestinas de aterrizaje más conocidas como “narcopistas”, así como el aseguramiento de ocho “narcoavionetas”.
Pero detrás de toda esa actividad ilegal hay una zona con una riqueza natural impresionante, donde habitan cuatro pueblos indígenas, mayoritariamente misquitos, quienes históricamente han sido violentados en sus derechos más fundamentales; educación, salud, alimentación, vivienda y la vida misma.
“Tenemos evidencia que los disparos cayeron dentro de las casas y sobre las personas. Cómo es posible que el gobierno actúe de forma inhumana, cruel y cobarde. Condenamos este acto. No aceptamos las mentiras de los voceros de las Fuerzas Armadas, quienes afirman que se trató de un enfrentamiento”, Ranulfo Julián Andares presidente de la organización Unidad del Pueblo Miskito Masta, dijo esto en una entrevista a Radio Progreso, tras conocerse la noticia del ataque perpetrado por militares de la Fuerza de Tarea Conjunta “Policarpo Paz García”. Sigue leyendo
GUATEMALA
No-Ficción estrena una miniserie de podcasts que explican el racismo estructural en Guatemala, sus causas, y la utilización de esta forma de poder que ha configurado las desigualdades y la discriminación de un Estado racista.
En el primer capítulo, la periodista Amanda Chiquitó entrevista a tres académicas: Aura Cumes, Maya Kaqchikel y doctora en antropología; Marta Elena Casaus, doctora en Ciencias Políticas y Sociología y María Jacinta Xon, Historiadora Kiche´.
Guatemala es el producto de una historia de despojo y explotación basada en ideas de inferiorización de unos frente a otros y que también ideologías como las religiones cristianas han tenido responsabilidad directa en la construcción de un sujeto incivilizado, de un sujeto salvaje, de un sujeto pecador, de un sujeto tonto, que es como la idea generalizada y dinamizada durante tantos siglos
Ninguna de las cuatro empresas mineras rusas con presencia en el nororiente de Guatemala había recibido permisos mineros nuevos desde el 2013, hasta que en septiembre de 2021, el Ministerio de Energía y Minas ha concedido a la empresa Maya Niquel una licencia de exploración. Esta empresa, además, aparece ligada a posibles sobornos entregados al presidente Giammattei y tiene 16 solicitudes de explotación y exploración minera pendientes por resolver.
Sigue leyendo esta investigación en profundidad del periodista David Toro.
MÉXICO
Las comunidades indígenas y campesinas de México enfrentan una embestida de despojo sobre aquellos territorios y medios de existencia que garantizan su sustento y hacen posible la reproducción de la vida. Tales afrentas han abierto conflictos entre los gobiernos, las empresas y colectivos en lucha.
En este texto, Chiapas Paralelo introduce los hallazgos y las conclusiones del estudio: “Luchas en defensa de la vida en contextos de despojo y violencia capitalista en México: un acercamiento desde la producción de lo común”. El medio, facilita una videoconferencia de su autora, la socióloga Mina Navarro, socióloga y profesora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP . En el artículo también se incluye una vídeo conferencia sobre impactos del extractivismo en Chiapas. Sigue leyendo…
EL SALVADOR
#REDIANoticias| La Cámara Ambiental de Segunda Instancia condenó hoy al Estado salvadoreño y al exministro de @AgriculturaSV a costas procesales y resarcimiento de daños en el #CerroElÁguila.
— REDIA El Salvador (@rediasv) February 26, 2021
La Cámara absolvió a la exministra de Medio Ambiente,Lina Pohl, de omisión en el caso. pic.twitter.com/lhFlDpUTTg
Los magistrados propietarios de la Cámara Ambiental de San Salvador, Samuel Lizama y Cesia Romero, fueron trasladados a otras instancias judiciales al interior del país, el lunes 27 de septiembre.
El cambio se da luego de que ambos criticaran públicamente el Decreto Legislativo 144, con el que la bancada oficialista de Nuevas Ideas jubiló al 30% de jueces y magistrados del Órgano Judicial, transgrediendo la Constitución de la República al no tener iniciativa de ley para proponer dichas reformas.
Diversos abogados y ambientalistas no dudan en decir que el cambio también obedece a las resoluciones que los magistrados estaban emitiendo en pro del medioambiente y que afectaban los poderosos intereses de élites económicas y del mismo Órgano Ejecutivo, que buscaban explotar los bienes naturales a pesar de los impactos en la población. Los magistrados, por ejemplo, frenaron la construcción de la octava hidroeléctrica en el río Sensunapán; detuvieron la deforestación del área natural protegida Los Pericos o Parque del Bicentenario; multaron al Ingenio La Magdalena por el derrame de melaza; y condenaron al Estado salvadoreño y al exministro de Agricultura, Orestes Ortez, por el delito de omisión en sus funciones ante la tala del cerro El Águila. Sigue leyendo…
Tacushcalco es un sitio arqueológico declarado como Bien Cultural protegido por el Estado salvadoreño. Sin embargo, desde 2017, el sitio ha sido vulnerado por empresas constructoras y por la industria cañera, con la complicidad o indiferencia del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Medio Ambiente. Pese a que las medidas que protegen el sitio son de carácter permanente y que solo puede ser intervenido con fines académicos, la directora de Protección al Patrimonio Cultural desafectó el sitio para que Inversiones e Inmobiliaria Fénix siga construyendo en el lugar. . Sigue leyendo…
NICARAGUA
Más de cuatrocientos kilómetros separan a Chinandega del municipio de Kukra Hill en el Caribe Sur de Nicaragua, pero esta distancia no existe cuando se trata de analizar los efectos socioambientales que han generado los monocultivos en la vida de estas comunidades. En Chinandega mujeres productoras enfrentan las consecuencias del acaparamiento de tierras, el desplazamiento y escasez de agua producto de la expansión de la caña de azúcar. En Kukra Hill el cultivo de palma africana ha transformado la vida local; contaminación de las fuentes de agua, degradación de los suelos y deforestación son algunos de los efectos que vive este territorio. Sigue leyendo…
