Los medios comunitarios de Centroamérica trabajan bajo un marco jurídico que no los protege y dificulta la sostenibilidad. La situación se agrava en un contexto en el que soportan criminalización y censura. Ningún país de la región cuenta con una legislación especial sobre medios comunitarios y las propuestas que se han presentado no han tenido éxito.
En 2017, en el municipio de El Estor, se realizaban protestas por parte grupos de pescadores, la iglesia católica y la sociedad civil en contra de la contaminación del lago Izabal. Carlos Choc, periodista comunitario con casi dos décadas de experiencia, registró con su cámara el momento en el que un manifestante fue asesinado al recibir un impacto de bala, acción atribuida a agentes de seguridad del Estado guatemalteco.
Carlos continuó los siguientes años documentando los operativos de represión contra las protestas, como la acontecida en octubre de 2021, cuando indígenas se manifestaron contra el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei y la empresa suiza Solway, por la actividad minera. En enero de 2022, un juez dictó una orden de arresto contra el periodista por supuesta “instigación” a la violencia.
Y, aunque un juez ordenó en septiembre de 2022 que el periodista de origen q’eqchí’ fuera liberado de los cargos, las anomalías contra la libertad de prensa y expresión siguen a la orden del día.
Anabella Rivera Godoy, directora del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social DEMOS, explicó, durante el Foro Centroamericano sobre Entornos Regulatorios para la Sostenibilidad de los Medios Comunitarios, que, en Guatemala, los hogares indígenas (que suponen el 43.8% de la población del país) tienen menos acceso a televisores, computadoras y a servicios de cable e internet. La brecha más pequeña está en el acceso a la radio, pero no deja de ser muestra de la desigualdad que afronta la población indígena.
El 17 de diciembre del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Guatemala responsable por la violación de los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar en la vida cultural en perjuicio de los pueblos indígenas.
La CIDH también afirmó que el Estado debe desarrollar políticas para superar desigualdades estructurales que permitan el acceso de las comunidades indígenas a las radios comunitarias, reconociendo la importancia del pluralismo de medios para cumplir con el derecho a la libertad de expresión.
“Tuve la oportunidad, durante una recientemente visita del relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, de compartir con las organizaciones de radios comunitarias, las que me expresaron su profunda frustración por la falta de voluntad política en el cumplimiento de la sentencia de la CIDH”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado de Guatemala adoptar las medidas necesarias para permitir que las comunidades indígenas operen libremente sus radios comunitarias, adecuar la normativa interna con fines de reconocer a las radios comunitarias como medios diferenciados de comunicación, reglamentar su operación, estableciendo un procedimiento sencillo para la obtención de licencias, reservar a las radios comunitarias indígenas parte del espectro radioeléctrico y abstenerse de enjuiciar a quienes operan emisoras de radio comunitarias indígenas, allanar dichas radios y aprehender sus equipos de trasmisión.
No se conoce con exactitud cuántas emisoras comunitarias existen en Guatemala. Pero, en 2005, una publicación de la revista “Entre Mundos” afirmó que unas 2,500 estaciones de radio operaban “sin autorización”, cubriendo aproximadamente el 90% del territorio. “Lo anterior cobra gran relevancia porque las radios comunitarias impactan en lo local, siendo el principal medio para la difusión de noticas, y el principal promotor de participación ciudadana en los 25 idiomas originales de este país centroamericano”, mencionó Rivera.
Aunque la Constitución Política de la República de Guatemala recoge los distintos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconocen el derecho a la libertad de expresión y libertad de prensa, lo cierto es que, la mayoría de las radios comunitarias siguen funcionando de forma ilegal, asegura Rivera.
De 2004 a 2008, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, instaló una mesa de diálogo multisectorial con radios comunitarias y comunicadores indígenas que incluía la Academia de Lenguas Mayas, la Comisión de Asuntos indígenas del Congreso de la República, y el sector empresarial que se ha opuesto a la concesión de frecuencias a radios comunitarias. El esfuerzo fue acompañado también por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y la UNESCO. “Esta mesa presentó una iniciativa en 2005 ante el Congreso de la República, pero la misma fue engavetada y nunca discutida”, relató Rivera.
Después de esa iniciativa, hubo una campaña publicitaria difamatoria cuestionando a las radios comunitarias y radios indígenas, llamándolas radios “piratas” y exigiendo que se les aplicara la ley penal por hurto de frecuencias. Algo que, a juicio de Anabella, es un concepto equivocado, ya que no existe tal delito.
Añade que, en los últimos años, cuando las comunidades han tomado la iniciativa de crear una radio comunitaria, se les ha reprimido violentamente con el mal uso del derecho penal, pues ese hecho no constituye delito, sino una falta de administrativa. Pero ha sido válido para confiscar los bienes y detener arbitrariamente a personas integrantes de las radios y liderazgos comunitarios.
Giselle Boza, Coordinadora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica, explica que en este país «tenemos una ausencia regulatoria y una ausencia en reconocimiento tanto en el marco legal, en la política pública y en la jurisprudencia constitucional de este tipo de medios de comunicación”.
En las comunidades no existe la articulación necesaria para presionar más por estos medios, lo que es una particularidad del caso de Costa Rica, según Boza. Lo atribuye a que el desarrollo de la radio en Costa Rica se dio en un contexto de relativa estabilidad política, con una democracia funcional, sin mayores conflictos de carácter social. “Nunca se vio que la comunicación, el sistema mediático fuera un instrumento para la realización de una serie de aspiraciones que teníamos como sociedades locales”.
Los medios comunitarios no están mencionados en ningún tipo de instrumento normativo costarricense. La única tipología que se incorpora es la de medios comerciales y medios culturales. Estos últimos, además, tienen algunas limitaciones como la no transmisión de propaganda comercial o de otro tipo.
La Ley General de Telecomunicaciones de 2008 introdujo algunos elementos importantes para la asignación de las frecuencias. Hasta ese año, el Poder Ejecutivo tenía la potestad discrecional de asignar “a dedo” las frecuencias de radio y televisión. Ahora, se exige el concurso público y se le asigna al órgano regulador la potestad de preparar el concurso para la concesión y recomendar al Ejecutivo el otorgamiento o no de la misma.
Sin embargo, desde 2008, no se ha otorgado ninguna frecuencia de radiodifusión abierta por medio del concurso público, menos para un medio comunitario. Según Boza, esta modalidad puede estrenarse en los próximos años, con el vencimiento de las frecuencias de radio y televisión.
“En el 2024 vencen la mayoría de los contratos de concesión que se otorgaron en Costa Rica a partir del año 2004″. Según Boza, eso preocupa a algunos sectores, «porque tenemos un gobierno que tiene muchas críticas por algunos desplantes autoritarios». El vencimiento que viene genera dudas acerca de si va a acarrear favoritismos hacia líneas editoriales que se quieran premiar por su papel en apoyo a la gestión de gobierno
No obstante, Boza ve en la renovación de frecuencias una oportunidad para replantearse una reasignación del espectro radioeléctrico, actualmente muy concentrado. Costa Rica tiene 163 concesiones entre televisión y radio, pero eso no significa que haya pluralidad», sostiene la especialista.
“Mientras no hay radios comunitarias, no hay medios de uso social, hay grupos económicos que controlan 5 frecuencias de televisión y 10 emisoras de radio. Tenemos un entorno que favorece precisamente un modelo esencialmente comercial y el desconocimiento de otras formas de comunicación que le abonen al pluralismo y a la diversidad”.
Boza sostiene que, si se apega a una noción conceptual sobre el significado de medios comunitarios, fácilmente se puede concluir que en Costa Rica no hay medios comunitarios funcionado.
Sin embargo, existen iniciativas de comunicación que tienen expresiones comunitarias en medios locales y regionales comerciales, porque hay algún nivel de participación de la comunidad. “Algunas operan si autorización legal. Nos preocupa que en el Plan de Desarrollo de las Telecomunicaciones hay una apuesta del Estado costarricense, y esto sin duda, es una presión de cámaras empresariales, para un mayor nivel de criminalización de quienes operan fuera de la autorización del estado. Tenemos que poner atención a estas demandas de espectro y a estas formas de exigir participación en el ecosistema mediático. Las que han hecho solicitudes de frecuencia han recibido la misma respuesta: el espectro está saturado, no hay más posibilidades de entregar”, finalizó.
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