A raíz de la pandemia de Covid-19 en México y Centroamérica y la declaración del estado de emergencia y/o de calamidad nacional en la mayoría de los países de la región, el ejercicio del periodismo, el derecho a la información pública y la libertad de prensa se han visto comprometidos y amenazados por decisiones autoritarias de los gobiernos, que incluyen centralización y manipulación de la información, censura a medios y periodistas independientes, y amenazas de mayores sanciones a través de reformas legislativas.
Honduras es un ejemplo de los obstáculos y amenazas que enfrenta el periodismo, ya que a raíz del estado de emergencia sanitaria, el Poder Ejecutivo ordenó el toque de queda y la suspensión de varios artículos de la Constitución, entre ellos el artículo 72, que protege el derecho a la libertad de expresión, sin censura. A lo largo de varios meses que se ha extendido el estado de emergencia sanitaria, los periodistas han requerido de un permiso especial para circular por el territorio hondureño debido a la suspensión de las garantías constitucionales, y en ocasiones han sido detenidos en retenes policiales o militares para ser interrogados.
Aunque continúan informando sobre las irregularidades y actos de corrupción del Gobierno, persiste la amenaza de que sean acusados y judicializados, ya que el nuevo Código Penal que entrará en vigor a finales de junio establece un incremento en las penas por los delitos de injurias y calumnias, en un intento por silenciar al periodismo y restringir la libertad de prensa. “Esto nos preocupa más porque a raíz de la pandemia de Covid-19 se han registrado más actos de corrupción”, sostiene Lolany Pérez, periodista de Radio Progreso.
Un comunicado emitido el 3 de mayo pasado por diversas organizaciones, entre ellas PEN Internacional y Reporteros Sin Fronteras, denuncia que el nuevo Código Penal es un claro retroceso para la libertad de expresión en Honduras. El texto incorpora el “concepto de publicidad”, referido a las calumnias e injurias efectuadas “a través de impresos, televisión, radio, Internet, redes de información, ante una multitud de personas o a través de otros medios de eficacia semejante”. Cuando los delitos mencionados se realizan con “publicidad” las penas son más altas.
El artículo 232 establece que en el caso de injurias y calumnias cometidas contra “instituciones supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros o sus funcionarios”, las penas de multa y cárcel recaerán también en quien publique o reproduzca la injuria o calumnia imputada por otro. Los periodistas hondureños y las organizaciones que abogan por la libertad de expresión y de prensa, sostienen que los delitos mencionados podrían servir como una “herramienta para inhibir el ejercicio periodístico, en investigaciones sobre corrupción donde se evidencie a funcionarios públicos, integrantes de las fuerzas de seguridad o actores particulares”. “Es de mucha gravedad porque es literalmente para silenciarnos. El nuevo Código Penal es un peligro para los periodistas”, sostiene Lolaly Pérez.
A la censura que intenta imponer el Estado, se suman las amenazas del narcotráfico y grupos de poder que ostentan concesiones mineras o hidroeléctricas. Sólo en Radio Progreso cuatro periodistas han recibido amenazas de muerte porque han acompañado las luchas de las comunidades que se han levantado contra proyectos de este tipo. Según Reporteros Sin Fronteras, en 2019 fueron asesinados 14 periodistas en América Latina, de los cuales, dos ejercían en Honduras.
En Nicaragua la situación no es más alentadora. A la represión, censura, hostigamiento y persecución que ha enfrentando la prensa crítica al Gobierno desde abril de 2018, se añade ahora la violación reiterada al derecho a la información pública y a la libertad de prensa a lo largo de la emergencia sanitaria, decretada en marzo. “La censura y los ataques siguen ocurriendo, y aunque no hay periodistas presos, sí es una amenaza permanente la posibilidad de ser detenido por informar”, explica Arlen Cerda, editora de Confidencial, el medio electrónico fundado en 1996 por Carlos Fernando Chamorro.
En el último trimestre de 2019, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro reportó 279 casos de violaciones a la libertad de prensa, entre las que destacan ataques, amenazas, agresiones, arrestos arbitrarios, retención de materias primas y campañas difamatorias. A raíz de la rebelión cívica en 2018, un periodista fue asesinado (Ángel Gahona) y dos periodistas (Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora) fueron detenidos y encarcelados en condiciones inhumanas durante seis meses, sin juicio. Varios medios de comunicación independientes fueron asaltados y virtualmente destruidos, como Radio Darío, otros fueron confiscados, como 100% Noticias y Esta Semana, y más de 50 periodistas se fueron al exilio por amenazas a su integridad física.
El Gobierno de Nicaragua, que mantiene un control sobre los demás poderes del Estado, ha continuado con su política de hermetismo, desinformación y violación a la libertad de prensa, ya que la información sobre la pandemia está centralizada por las autoridades de Salud. “Ha habido un incremento en las amenazas, burlas, ataques y difamación”, sostiene Cerda, quien detalla que se han registrado casos de persecución a los equipos de su medio cuando reportean en hospitales públicos.
En Nicaragua no se dispone de información confiable sobre la pandemia debido a la política de información estatal. No hay datos sobre la cantidad de pruebas realizadas, ni de las personas fallecidas o contagiadas.
Ataques orientados desde el Estado
Los riesgos a los que se enfrentan los periodistas salvadoreños y guatemaltecos no son menores. Julia Gavarrete de Gato Encerrado, un medio digital de El Salvador, explica que a las amenazas que han enfrentado debido a la situación de inseguridad que vive ese país por el narcotráfico y las pandillas, se suma ahora la estrategia del presidente Nayib Bukele contras las voces críticas y, especialmente, contra la prensa que lo cuestiona.
“Se promueve un discurso de odio. Si yo cuestiono al Gobierno, es probable que reciba tuits o mensajes en los que me dicen que ojalá me muera, ojalá me dé el virus. Es un discurso tan fuerte de odio que se genera a partir de lo que él transmite”, dice Gavarrete. El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, expresó serias preocupaciones por la falta de respeto del gobierno de Nayib Bukele hacia las instituciones democráticas y los medios de comunicación, a quienes “ataca y estigmatiza como parte de una retórica conocida en la región, propia de líderes populistas».
«Creo que todo lo que está viviendo El Salvador es de mayor peligro y creo que estamos a poca distancia de que el país se pueda convertir en una dictadura, y por eso hay que respaldar a las instituciones democráticas salvadoreñas. El Salvador aún no es una dictadura, es una democracia, y la mejor evidencia es que cuenta con un poder judicial independiente», declaró Vivanco a la agencia Efe el 12 de junio. A eso se le suma la falta de acceso a información pública. “El acceso se abre, pero la información siempre se declara confidencial o dilata tanto como para que la gente desista. También se ha denunciado que la información se está dando de forma incompleta”, agrega la periodista Julia Gavarrete.
La escasa transparencia en la información pública sobre la emergencia sanitaria también se cierne sobre Guatemala, sostiene Oswaldo Hernández, periodista de No Ficción. “Nos enfrentamos a una falta de información, no hay datos actualizados, a pesar de que está en vigor la Ley de Acceso a la Información Pública”. Medios de comunicación y periodistas independientes guatemaltecos han solicitado al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en cumplimiento de la referida ley, datos estadísticos epidemiólogicos y las acciones y recursos empleados. “Carecer de información amplia y precisa sobre la evolución de la pandemia y las acciones del Gobierno prolongará la crisis sanitaria, económica y le resta credibilidad y eficacia al presidente”, señalan en un comunicado reciente. “Exigimos que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social cumpla con su obligación de ley y garantice la entrega de la información de manera continua, veraz y con el nivel de desagregación contribuir a la superación de esta pandemia”.
Hernández considera que los países de Centroamérica que tienen una tendencia autoritaria aprovechan la pandemia para cometer abusos. Además, abundan las prácticas corruptas, como los acuerdos y compras que autoriza el Congreso en sesiones a puerta cerrada, que no son fiscalizadas por los periodistas, bajo el argumento de que debe haber distanciamiento social. En este contexto, el control territorial por los grupos de crimen organizado continúa y se articulan mejor ante la ausencia del Estado.
La violencia estructural en México
México es considerado por la Unesco uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. La situación se agrava porque tiene el índice de mayor impunidad en crímenes contra periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). De acuerdo con Article 19, entre los años 2000 y 2020 se han documentado 133 asesinatos de periodistas en México. Trece de esos asesinatos han ocurrido durante la Administración del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Como ocurre en todos los países, los riesgos han aumentado con la pandemia. Expertos convocados por la Unesco alertaron sobre los nuevos riesgos a los que se enfrentan los periodistas mexicanos: restricciones a la movilidad impuestas en varios Estados, falta de equipos de protección y escaso apoyo de sus medios. “Estas condiciones se suman a la violencia estructural que enfrentan los periodistas en México”, coincidieron Adriana Ramírez Vanegas, de la asociación Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Edison Lanza, relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la libertad de expresión, y Reyna Haydee Ramírez, Cofundadora de la Red Sonora de Periodistas, durante un ejercicio organizado por la Unesco y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México (ONU-DH). Desde el decreto de la alerta sanitaria el 31 de marzo, se han identificado 44 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y se han reportado agresiones durante la cobertura informativa y contra agrupaciones de profesionistas de la salud y defensores de este derecho, según da cuenta un informe de la Unesco.
