CENTROAMÉRICA
La alianza Otras Miradas, conformada por diez medios independientes de Centroamérica y México, publicó un editorial donde investigó en profundidad sobre el riesgo de hacer periodismo en cada uno de los países de nuestro contexto. <<A raíz de la pandemia de Covid-19 en México y Centroamérica y la declaración del estado de emergencia y/o de calamidad nacional en la mayoría de los países de la región, el ejercicio del periodismo, el derecho a la información pública y la libertad de prensa se han visto comprometidos y amenazados por decisiones autoritarias de los gobiernos, que incluyen centralización y manipulación de la información, censura a medios y periodistas independientes, y amenazas de mayores sanciones a través de reformas legislativas.>>
¿Quién informa cuando un gobierno vigila y amenaza a periodistas? ¿Qué derechos tienen ciudadanos y activistas si el propio ejecutivo los silencia? ¿Cómo aplican los gobiernos de Nicaragua y El Salvador las plataformas digitales y la tecnología para controlar y perseguir a defensores y periodistas?. En el primer capítulo de la sección Otras Miradas en Carne Cruda, programa de periodismo crítico que está en el ranking de los cinco podcasts más escuchados en España en 2020, Patricia Simón y Javier Gallego Crudo conversan sobre tecnoautoritarismos en Centroamérica.
Hablamos sobre los distintos tipos de acoso que sufren las periodistas centroamericanas
NICARAGUA
Guillermo Cortés firma en diciembre de 2020 esta opinión en la que expresa que la Policía, la Inteligencia del Ejército, y la Presidencia, se han ensañado contra el periodismo no oficial ni oficialista. <<Medios como “Esta Semana”, “Esta Noche” y “Confidencial” así como “100% Noticias”, fueron ilegalmente allanados y confiscados, “La Prensa” aguantó el bloqueo de materias primas impuesto por la DGI, “Canal 12” resiste un embargo fiscal, etc. Recordarán que “Radio Darío” fue incendiada y que “Radio La Costeñísima” ha estado fuertemente asediada y su directora de prensa, Kalúa Salazar, fue condenada este año en un tribunal orteguista.>>
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió en diciembre de 2020 al Gobierno de Nicaragua devolver las instalaciones confiscadas de los medios Confidencial y 100% Noticias.
Las sedes usurpadas de forma ilegal hace dos años siguen en poder del Gobierno, pese a que los periodistas siguen demandando a la administración Ortega-Murillo su devolución.
A inicios de esta semana el periodista Carlos Fernando Chamorro junto a su familia y la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos fueron agredidos por las Fuerzas Antidisturbios del país centroamericano, con el objetivo de impedir a toda costa que se acercaran al edificio del medio digital Confidencial, propiedad de Chamorro.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), por medio de un comunicado oficial publicado el 8 de octubre de 2020 en su sitio web rechazan las leyes que quiere imponer el gobierno de Nicaragua en contra de personas naturales, medios de comunicación, ONG y agrupaciones opositoras.
La CIDH advierte de que existe un incremento de causas penales en contra de periodistas: “Uno de los casos más recientes es el de la periodista de radio La Costeñísima Kalúa Salazar, que fue condenada por calumnias luego de denunciar hechos de corrupción en la Alcaldía de El Rama. Según la información disponible, el periodista y director de la plataforma digital Boletín Ecológico David Quintana y el periodista William Aragón también habrían sido denunciados por el mismo delito.
En el último informe titulado “leyes represivas contravienen los estándares internacionales sobre Libertad de Expresión”, publicado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro se registran 42 ataques o violaciones a la Libertad de Prensa durante el mes de octubre de 2020, siendo la Policía Nacional, la principal responsable de dichas violaciones. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro alerta que, “la aplicación de la recientemente aprobada Ley de Ciberdelitos criminaliza la difusión de opiniones e informaciones; al mismo tiempo, limita el derecho de expresar libremente pensamientos e ideas y cercena el derecho de opinión sobre la gestión pública
Sergio Simpson firma en noviembre de 2020 esta opinión para la radio Onda Local. <<Cámaras de video y fotográficas, celulares, micrófonos, y hasta libreta de anotaciones, son botín de guerra para el activista político de los gobernantes, quien sin asco te puede insertar un puñal. Es barbarie la que se vive, sin pudor, más bien se vanaglorian de atacar a periodistas.
Ni en la desgracia que se vive en Nicaragua, con tanto dolor y destrucción por los huracanes, los gobernantes dejan de amenazar, golpear, y censurar a periodistas que buscan la opinión de personas afectadas.>>
Escuche aquí el podcast producido a finales de noviembre de 2020 por Divergentes. Desde la crisis sociopolítica en 2018, la administración de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha implementado una de las etapas más represivas contra la libertad de expresión y el libre ejercicio de la prensa independiente en el país. Desde el asesinato de un reportero, cárcel, asaltos, golpes, confiscaciones y acoso fiscal hasta la controvertida ley de ‘Ciberdelitos’ que pretende calificar el periodismo independiente como “noticia falsa”. Este ha sido el itinerario de la represión oficial contra el periodismo nicaragüense que, ante los embates, resiste.
GUATEMALA
El 29 de octubre, Anastasia Mejía, periodista y comunicadora maya-k’iche’, abandonó la prisión después de 37 días. Aunque ya regresó a casa tras pagar una fianza, el proceso judicial en que se le acusa de sedición, continúa. El Ministerio Público (MP) no descarta volver a pedir que ella enfrente juicio por cuatro delitos, y no los dos que admitió la jueza. El caso tiene como base sus transmisiones, consideradas por los fiscales no como periodismo, sino como las pruebas de cuatro crímenes.
En septiembre de 2020 No-Ficción publica un análisis del sociólogo Sergio Palencia sobre la captura del periodista Sonny Figueroa: <<La agresión al periodista Sonny Figueroa sienta un precedente muy peligroso. No sólo en el contexto del robo de millones de dólares por la camarilla gobernante, sino por la creciente polarización entre policía y población urbana a nivel mundial. De no actuarse rápidamente, en sentido de denuncia internacional, movilización social y protección social al gremio, se pueden ir imponiendo las tendencias no sólo represivas sino de masiva violencia, de la cual el Estado guatemalteco ha sido y es capaz en momentos de crisis.>>
EL SALVADOR
El IDHUCA presentó un aviso penal esta mañana ante la Fiscalía, por posible acto de intimidación contra la periodista de GatoEncerrado, Julia Gavarrete, que podría relacionarse con su labor como periodista de investigación.
El jueves 2 de julio, mientras Gavarrete se encontraba en una conferencia de prensa en Casa Presidencial, su equipo de trabajo periodístico fue sustraído de su vivienda.
“A simple vista, podría parecer un robo, pero no me gustaría minimizarlo, ni que quede como algo simple, sobre todo por la labor que últimamente hemos venido ejerciendo en la revista GatoEncerrado”, dijo la periodista.
Gavarrete ha publicado irregularidades en el manejo de la pandemia que ha hecho el Gobierno, como violaciones a derechos humanos. Entre sus últimos trabajos está «Un equipo de producción y los gastos innecesarios del Gobierno frente a la emergencia«, «Los cargos ad honorem que el Gobierno de Bukele se niega a transparentar«, «Video de dron militar desmiente que IAIP haya irrumpido en Estado Mayor» y «El monopolio de datos que deja al personal de salud con una estrategia a ciegas«, entre otras investigaciones.
Periodistas de El Faro, Revista Factum, GatoEncerrado, Focos TV y la presidente de la Asociación de Periodistas (Apes), Angélica Cárcamo, denunciaron en una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el gobierno del presidente Nayib Bukele realiza ataques sistemáticos, estigmatización y criminalización contra el gremio que ejerce el periodismo independiente en El Salvador, lo cual perjudica la libertad de expresión y la democracia.
“El discurso de odio de parte del presidente (Bukele) y de muchos de sus funcionarios es peligroso (…) porque pretende hacer ver a esta prensa, la prensa independiente, como innecesaria y, por lo tanto, prescindible.
HONDURAS
El estado de excepción de las garantías constitucionales en Honduras ha provocado más de cien alertas por agresiones cometidas contra periodistas durante la pandemia según el Comité por la Libre expresión en Honduras. De estas alertas, la Policía Nacional ha sido la mayor agresora.
MÉXICO
En 18 años, de 2002 a junio de 2020, el Programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) registró 898 agresiones contra mujeres periodistas en México, entre ellas 18 casos de feminicidio. CIMAC presentó la “Cartografía de la violencia contra las periodistas”, una página web donde se visualizan los casos por entidad y a través del tiempo.
La periodista y directora de CIMAC, Lucia Lagunes Huerta, explicó que los estados con más casos registrados son Ciudad de México (154 casos), Veracruz (100), Puebla (84), Coahuila (63) y Guerrero (52).
la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración presentó un informe con las observaciones en el contexto Covid-19. El informe analiza las principales incidencias de violaciones de derechos humanos ante las medidas implementadas contra el Covid-19 en el marco del estado de emergencia.
“De enero a mayo de 2020, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de esta Subsecretaría registró 250 agresiones, de las cuales 128 corresponden a personas defensoras de derechos humanos (63 hombres, 52 mujeres, una persona transgénero y 12 colectivos) y 122 agresiones a periodistas (88 hombres, 34 mujeres y 4 colectivos)” se lee.
