Los medios comunitarios de Centroamérica trabajan bajo un marco jurídico que no los protege y dificulta la sostenibilidad. La situación se agrava en un contexto en el que soportan criminalización y censura. Ningún país de la región cuenta con una legislación especial sobre medios comunitarios y las propuestas que se han presentado no han tenido éxito.
Los medios de comunicación en Centroamérica enfrentan uno de sus peores momentos. El avance de los autoritarismos ha provocado un ambiente hostil en su contra y en la de periodistas independientes. Agresiones físicas y verbales, hostigamiento, cierre y confiscación de medios, cárcel y procesos discrecionales en la asignación de frecuencias. Son solo algunos de los elementos que describen la situación actual.
A la centralización del espectro radioeléctrico, la invisibilización de los medios comunitarios y la negación de los entes reguladores a permitir el trabajo de algunos medios, le sigue, en muchas ocasiones, la criminalización de algunos medios y periodistas, lo que atenta contra la pluralidad y diversidad de voces en la región. Estas fueron algunas de las conclusiones que se extraen de los informes de algunos países recogidos por el Observatorio Latinoamericano de Observación de Regulación de Medios y Convergencia (OBSERVACOM), el pasado mes de octubre, durante el Foro Centroamericano sobre Entornos Regulatorios para la Sostenibilidad de los Medios Comunitarios, que tuvo lugar en Costa Rica.
En el foro, que se realizó con el apoyo de la UNESCO, FEPALC y el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica (UCR), se analizó la situación de Honduras, Guatemala, El Salvador y algunas de las normativas que existen en Costa Rica.
Aunque Nicaragua no fue incluida en el estudio, se trata del caso más crítico. Desde 2018, según diversos informes de organizaciones que trabajan por la libertad de expresión, más de 50 medios de comunicación han sido cerrados por la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR).
El 2 de agosto de 2022, TELCOR canceló la licencia de transmisión a Radio Estéreo Vos, una emisora feminista ubicada en el departamento de Matagalpa, Nicaragua. Un mes después, la Policía se tomó las instalaciones y confiscó los bienes de la radiodifusora que, en la actualidad, transmite únicamente por su sitio web y redes sociales.
Argentina Olivas, directora de Radio Vos, dice que en Matagalpa “los medios de comunicación alternativos ya no existen. “Sabíamos que en cualquier momento iba a pasar. La cancelación se argumentó bajo aspectos técnicos, pero sabemos que son cumplimientos políticos de la dictadura. Después, llegaron y nos confiscaron los bienes, dejándonos sin la posibilidad de transmitir vía análoga, después de 18 años de existencia”.
Pero, la voz de radio Vos, ahora suena en internet. “Desde antes que eso sucediera ya estábamos transmitiendo en línea, lo que hicimos fue mejorar las transmisiones y estábamos experimentando las transmisiones a través de las redes sociales. Estuvimos fuera de transmisión por una semana, pero después retomamos”.
Con el cierre de la radio, la audiencia rural es la más afectada, menciona Argentina. “A pesar de que se ha creado una App, la falta de cobertura de internet, dificulta la comunicación rural”.
El 22 de septiembre de 2008, se publicó en La Gaceta Diario Oficial de Nicaragua, la Ley de Prórroga a las Licencias de las Empresas, Personas Naturales o Jurídicas que operan Radio, Televisión y Tele Cable. Las licencias quedaron prorrogadas hasta que “entre en vigencia la nueva Ley General de Telecomunicaciones y Correos que apruebe la Asamblea Nacional”, la cual no ha sucedido. Sin embargo, esta prórroga no ha garantizado evitar la suspensión de licencias de transmisión de radios locales.
Además, en su cruzada contra la iglesia católica en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario cerró el primero de agosto, a través de TELCOR, ocho radios de la Diócesis de Matagalpa.
“TELCOR prácticamente nos ha cancelado todas las radios de nuestra Diócesis”, denunció el obispo Rolando Álvarez, actualmente, preso político del régimen de Daniel Ortega y condenado a más de 26 años de prisión.
Por su parte, el ente regulador, TELCOR, argumentó que las radios católicas no tenían licencias vigentes desde 2003, pero tampoco han atendido las solicitudes que se han hecho, según han manifestado directivos de esos medios.
En Nicaragua los medios comunitarios no tienen una legislación especial, solo se cuenta con una Ley General de Telecomunicaciones donde se aborda de forma imprecisa el tema de los medios comunitarios y no se les reconoce ninguna clasificación, asegura Juan Carlos Duarte, director de Radio Camoapa y Representante de las Radios Comunitarias de Nicaragua (AMARC – Nicaragua).
“En Nicaragua, las radios comunitarias funcionan como tal, por un tema de identidad, de principio y de pertenencia, pero no existe todavía un reconocimiento jurídico en la clasificación que plantea la Ley 200, que regula las telecomunicaciones”, dijo Duarte.
En febrero de 2014, el movimiento de radios comunitarias, presentó una propuesta de Ley para su reconocimiento jurídico, pero no se encontró eco en su petición”.
“A diferencia de los medios comerciales, los que tienen un carácter comunitario responden a principios que garantizan los derechos de la ciudadanía, impulsan el desarrollo local y promueven la democratización de la palabra.”, explicó Duarte.
Antes de abril de 2018, AMARC Nicaragua tenía 22 asociadas, incluyendo dos centros de producción y dos periodistas a título individual. Actualmente, quedan ochos medios que siguen al aire, una trasladada al internet. Algunas tuvieron que cambiar sus políticas informativas o autocensurarse para sobrevivir a la represión. Las demás, se encuentran cerradas.
Las recientes investigaciones han encontrado que en los últimos cuatro años se ha desmontado el sistema de pesos y contrapesos en El Salvador. La cooptación de la mayoría de las instituciones públicas ha propiciado que la burocracia que se encarga de conceder permisos de transmisión ha trabado el desarrollo de la comunicación comunitaria.
Esto ha puesto en jaque la sostenibilidad de las radios comunitarias. Al considerárseles como críticos u opositores del gobierno de Bukele, ya no reciben la publicidad necesaria que les garantizaba en años anteriores el sustento de las operaciones y el sostenimiento.
Según la investigación, en la última década se han otorgado más concesiones a radios cristianas que a las mismas comunitarias, que suelen depender de Organizaciones No Gubernamentales.
La eliminación de las concesiones de publicidad ha empujado a las radios comunitarias a la diversificación. Muchas han ampliado su oferta en el mercado de las telecomunicaciones, produciendo contenido que venden a grupos específicos, facilitando talleres de formación y la difusión de contenido de pago en redes sociales.
Se ha propuesto la reinvención del marco jurídico de las telecomunicaciones para que aquellos medios de comunicación que se consideran comunitarios accedan a garantías y derechos que ya poseen las radios comerciales. Sin embargo, en el entorno político, no se observa posibilidades de que la Asamblea Legislativa cree políticas públicas para favorecer a las radios comunitarias.
Los hallazgos de las investigaciones también señalan que no hay garantías que brinden el derecho a la libre asociación en El Salvador, algo esencial para la creación y aporte económico de más radios comunitarias en el país.
El abogado Ricardo Iglesias, a cargo del estudio de El Salvador, hizo una revisión de los últimos y difíciles 40 años y dijo que, con la firma de los Acuerdos de Paz, que terminaron con más de una década de guerra civil, se dieron los primeros pasos para crear nuevos mecanismos de comunicación y ampliar la libertad de expresión.
Con el retorno de las comunidades refugiadas en Honduras, se empezaron a crear los primeros medios de comunicación comunitaria. “Comenzaron a pedir frecuencias al Estado. La respuesta, aparte de decir que estaba saturado el espectro radioeléctrico, fue cerrar e incautar los equipos». Algo que, según el analista es totalmente inconstitucional. «Ahí empezó una larga lucha jurídica que dura hasta la fecha”. Finalmente, a través de una negociación se devolvieron los equipos y hubo cierta tolerancia a las transmisiones no autorizadas.
En 1997, con el comienzo de la privatización del espectro radioeléctrico, promovido por el bipartidismo existente en El Salvador, el Estado marginó aún más a las radios comunitarias. Se había dejado en claro que la Ley de Telecomunicaciones creada se enfocaba en el desarrollo de las radios comerciales.
En todo este período, ha habido avances y retrocesos, pero hay evidencias que reflejan el fuerte vínculo que las radios comunitarias, hoy en día, poseen con sus comunidades, por la labor social que ejercen en cada territorio. El crecimiento ha sido exponencial. Actualmente 17 radios de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) se encuentran al aire. Dos radios cerraron por decisión propia y tres dejaron de transmitir por amenazas de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) con fuertes multas por transmitir sin autorización.
El arraigo de las radios comunitarias en Honduras se debe al trabajo que han realizado a lo largo de los años en las comunidades, donde sus cimientos permanecen gracias a la constancia y la propuesta social que promueven. Aun así, en Honduras, la democratización de las comunicaciones es un tema pendiente, afirma Carlos Enamorado, fundador de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras y autor del Capítulo para este país, en el informe de OBSERVACOM.
Los medios comunitarios nacieron en un contexto económico, social y político frágil, pero siguen luchando por implementar un modelo de comunicación abierto a las diferentes voces y sectores de la sociedad, con el objetivo de erradicar el cerco y concentración mediática y, así, darle protagonismo a los grupos más vulnerables del país.
Los medios alternativos han sido construidos y fomentados principalmente por los territorios indígenas. Estos han nacido o permanecen bajo un sistema híbrido, es decir en frecuencia libre o con el aval del Estado.
Solamente el 37% de las radios comunitarias están transmitiendo con el permiso del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), lo que representa que la falta de permisos legales es del 63% para las radios comunitarias. Se estima que en los últimos 10 años han surgido 35 radios comunitarias debido a la presión internacional surgida por el golpe de Estado del 2009.
En la investigación realizada por Enamorado se detalla que “con el golpe de Estado, en el año 2009, la irrupción de radios comunitarias en Honduras fue notoria. El nacimiento de estas radios en territorios con conflictos sociales, por disputas de tierras y minería, marcó el espectro radioeléctrico. Además, en el 2016 se instauró la necesidad de parar los cierres, amenazas y criminalización de las radios comunitarias que luchan por la libertad de expresión en el país.
Los medios comunitarios se han organizado en varios movimientos que han originado la creación de la Dirección de Medios Comunitarios, un fondo de responsabilidades y apoyo de emergencia a las radios comunitarias y una propuesta de Políticas Públicas en Telecomunicaciones, que incorpora los planteamientos de los medios comunitarios, como la asignación específica de las frecuencias en los territorios. Hasta el momento, ninguna ha sido aceptada por el Estado.
Por la falta de políticas públicas, el sistema de medios en este país esté centralizado. Se contabilizan 186 radioemisoras en amplitud modulada y 842 en Frecuencia Modulada y 5 en Onda Corta. Estas 1033 radios son comerciales. Apenas existen 70 radios comunitarias en el territorio nacional, lo que es una inmensa minoría con respecto a las comerciales.
Esta concentración mediática ocasiona también que la libertad de expresión esté cooptada e impide el desarrollo de los medios comunitarios en Honduras. Actualmente, este país no reconoce aun la comunicación comunitaria en el marco jurídico de la Ley de Telecomunicaciones.
“El otorgamiento de las personerías jurídicas (a los medios comunitarios) es un proceso difícil y limita el permiso para transmitir», explica Enamorado. Por ello, los medios caen en la ilegalidad, «un impedimento para que las radios comunitarias encuentren la manera de sostenerse económicamente”.
Aunque varias radios comunitarias se enfrentan a multas por el ente regulador, ninguno ha cedido a las presiones y se mantienen al aire.
Enamorado sostiene que se debe crear una autoridad de radiodifusión independiente en el país, y que, solo a través de las políticas públicas, se puede generar un sistema igualitario para los medios de comunicación sin la necesidad de premiar o castigar a ciertos grupos.
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