Divergentes. El régimen orteguista se reserva el derecho de admisión de extranjeros a Nicaragua. A los expresidentes corruptos que huyen de sus países porque están acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, les ofrece el “paraíso”. Mientras que a sacerdotes y críticos que cuestionan su autoritarismo y violación a los derechos humanos, los expulsa del país.
El último político a quien el régimen sandinista le abrió sus brazos es el expresidente Salvador Sánchez Cerén, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en El Salvador. El exmandatario se encuentra en el país desde noviembre de 2020 y este viernes recibió junto a tres miembros de su familia la nacionalidad nicaragüense en tiempo récord.
Sánchez Cerén es señalado específicamente por la justicia salvadoreña de recibir pagos irregulares o “sobresueldos” junto a otros nueve exfuncionarios del gobierno.
Pero esta no es la primera vez que un expresidente de El Salvador, prófugo de la justicia, recibe la nacionalidad nicaragüense. El 30 de julio de 2019, los Ortega-Murillo otorgaron la ciudadanía al exmandatario salvadoreño Mauricio Funes, quien es acusado en su país de malversar más de 351 millones de dólares.
Expertos en temas migratorios aseguraron a DIVERGENTES que una de las razones por las que los políticos corruptos prefieren huir hacia Nicaragua y solicitar la ciudadanía, es porque al nacionalizarse no pueden ser extraditados. En el caso de Sánchez Cerén y Funes también está de por medio la amistad que tienen con el dictador Daniel Ortega.
Sánchez Cerén y Funes son miembros del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aliado histórico del mandatario sandinista. El primero gobernó El Salvador entre 2014 y 2019. El segundo lo hizo desde 2009 hasta 2014.
La Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería, establece en el artículo 54 que “los extranjeros naturales de España y los de origen centroamericano, podrán adquirir la nacionalidad nicaragüense cuando sean residentes permanentes en Nicaragua por un periodo continuo de dos años sin necesidad de renunciar a la de su país de origen. De igual manera el cónyuge por razón de matrimonio con nicaragüense podrá adquirir la nacionalidad nicaragüense con una residencia continua de dos años”.
Un experto en temas de migración consultado por este medio y que aceptó hablar bajo condición de anonimato, explicó que la decisión de nacionalizar a Cerén y su familia, es ilegal porque no cumplen con los requisitos que mandata la Ley 761. Lee el texto completo de Divergentes aquí.