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Centroamérica se está quedando sin libertad de prensa. Siete periodistas asesinados y cientos exiliados

En Nicaragua, casi no quedan periodistas en el país. Guatemala se ha convertido en el tercer país más mortífero del mundo para los comunicadores. En El Salvador se les amenaza, en Honduras se les dispara, y en Costa Rica, se apaga el faro de la libertad de prensa. Los ataques al periodismo en la región vienen de quienes detestan la prensa libre: el Estado, los grupos de poder político y económico, y los delincuentes.


periodismo centroamerica 2024

La política convulsa, la enorme desigualdad y su posición geográfica hacen de Centroamérica una presa de la corrupción y de los grupos de narcotraficantes que transitan la droga por la región. Los periodistas que ejercen su profesión aquí lo saben muy bien porque, día a día, se enfrentan a ser víctimas de ataques que llegan desde el Estado, o desde bandas armadas o grupos con poder económico.

En 2023, “el periodismo ha sufrido retrocesos en la región y se han visto mecanismos de represión quizás más sutiles que en el año 2022”, indica vía telefónica desde Washington, Dagmar Thiel, directora ejecutiva de Fundamedios, una organización que trabaja en pro de la libertad de prensa y expresión de la región.

El año pasado, siete periodistas fueron asesinados en la región. Dos en Honduras y cinco en Guatemala, de acuerdo con cifras de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 

En el caso de Guatemala, este país se convirtió en el tercero más mortífero para los periodistas en el mundo, según datos de la organización Campaña Emblema de Prensa (PEC, por sus siglas en inglés).

Dagmar Thiel señala que lejos de haber una mejoría en cuanto a la libertad de prensa en la región, los gobiernos han cambiado los métodos para tratar de silenciar a hombres y mujeres de prensa. “Les resulta más práctico tener periodistas amenazados, enjuiciados, detenidos o periodistas que se autocensuran”, señala.

Thiel considera que los periodistas en Centroamérica están frente al poder de los Estados, del crimen organizado, la desinformación y, en medio de eso, en una lucha por la sostenibilidad de sus medios. También deben enfrentar la desidia, pues “cada vez es menos la gente a la que le interesa ver noticias, a la que le interesa ver información contextualizada. La gente prefiere estar en redes sociales viendo gatitos, lo cual implica que los periodistas estamos peleando también por la atención”.

Nicaragua, un país sin periodistas (o casi)

Desde que Daniel Ortega regresó al poder en Nicaragua, en el año 2007, ha habido una dramática involución de la libertad de prensa. Esto se profundizó a partir de las protestas sociales que estallaron en 2018, las cuales fueron reprimidas con violencia provocando la muerte de al menos 359 personas, incluido el periodista Ángel Gahona.

La crisis política en Nicaragua, que ha alcanzado a la prensa independiente, en 2023 se profundizó tanto que casi no quedan periodistas en ese país, señala en entrevista José Cardoza, dirigente de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN). “El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no desea tener dentro de territorio nicaragüense a ninguna persona que ejerza el periodismo de forma libre e independiente”, comenta.

Desde 2018, los periodistas nicaragüenses han recurrido al exilio para proteger su vida e integridad física. Hasta la fecha, son más de 200 reporteros los que han tenido que huir a países como Costa Rica, Estados Unidos, España, entre otros. Solamente el año pasado, fueron 44 los periodistas que se vieron obligados a salir de Nicaragua. 

El mismo Cardoza tuvo que salir al exilio hacia Costa Rica en el año 2021, después de ser perseguido por su labor informativa. La organización de la que es miembro registró en 2023 un total de 83 casos de violaciones a la libertad de prensa entre los que se encuentran acciones que no se habían visto en ese país.

En 2023, el régimen de Ortega negó la entrada al país a varios periodistas y a sus familiares después de salir al extranjero por motivos laborales o personales, conminándolos a un exilio forzado. También, el Poder Judicial controlado por Ortega, despojó de su nacionalidad a 22 periodistas y personas vinculadas a medios de comunicación.

Cardoza señala que, entre las acciones emprendidas por el régimen de Nicaragua en 2023, se encuentran el cierre de cuentas bancarias a periodistas y medios de comunicación, así como el asedio a familiares de reporteros que están en el exilio. 

Hasta el momento, en Nicaragua permanece un periodista encarcelado: se trata de Victor Ticay, quien fue detenido el 6 de abril de 2023 cuando daba cobertura a una actividad religiosa de Semana Santa. Por ese motivo, las autoridades lo acusaron de “propagación de noticias falsas”, “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “traición a la patria”. El 17 de agosto del mismo año fue condenado a ocho años de prisión.

Los periodistas que aún informan desde Nicaragua lo hacen de manera totalmente clandestina y expuestos a un gran riesgo.

Dagmar Thiel señala que “existe una preocupación de que el modelo de Nicaragua se extienda rápidamente, no solo a nivel de prensa, sino también a nivel de autoritarismo”, enfatiza y, para ejemplificar, menciona el caso de Nayib Bukele.

El presidente de El Salvador llegó al poder en 2018 por la vía democrática y, al igual que Daniel Ortega, con artimañas políticas se ha hecho con el control total del Estado. Este 2024 buscará la reelección presidencial, pese a que está prohibida por la Constitución de ese país, de forma similar a lo que hizo Ortega en Nicaragua en 2011.

Thiel resalta que, además de la manera de perpetuarse en el poder, Bukele ha copiado de Ortega legislaciones como la Ley de Ciberdelitos y Ley de Agentes Extranjeros, dos herramientas legales con las que el régimen en Nicaragua ha perseguido a periodistas y medios de comunicación.

En el caso de Guatemala, Thiel indica que la persecución judicial en contra de los periodistas ha sido uno de los métodos que replicó el gobierno de ese país. “El juicio de José Rubén Zamora (exdirector de elPeriódico) tiene mucha similitud con los juicios que se han llevado a cabo en Nicaragua contra los periodistas que fueron detenidos y posteriormente desterrados”, señala la directora de Fundamedios.  

“Son modelos que los regímenes autoritarios van copiando”, agrega Thiel.

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Guatemala, el país más mortífero contra los periodistas en Centroamérica

El gobierno saliente de Alejando Giammattei sometió a la prensa a cuatro años de represión, sobre todo desde el Poder Judicial, señala el presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), Byron Barrera, en una entrevista vía telefónica.

En años anteriores, el Poder Ejecutivo había tratado de que no le vinculasen con la represión hacia los periodistas guatemaltecos, pero en 2023, indica Barrera, se evidenció la falta de independencia de poderes, y para los periodistas quedó más claro que nunca quiénes eran sus persecutores.

“El Ministerio Público ha sido el organismo utilizado por el régimen y algunos jueces y magistrados corruptos”, explica Barrera.

La APG presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 3 de mayo de 2023, pero hasta la fecha no hay un dictamen. 

Según Barrera, la Corte de Constitucionalidad ordenó a la CSJ que resuelva el amparo de manera favorable para la APG, pero todavía no obtienen respuesta. “Lo que plantea la Asociación de Periodistas de Guatemala (en el recurso de amparo) es que no se apliquen leyes ordinarias como las que se utilizan para combatir al crimen organizado, sino que se aplique la Ley de Emisión del pensamiento, que es una ley con rango constitucional”, la que rige la libertad de prensa.

La Corte de Constitucionalidad ha entendido esto, pero en el Poder Judicial hay jueces y magistrados que no acatan lo dicho por la Corte. “Los jueces que amparan a la prensa, después, son objeto de persecución por el Ministerio Público”, señala Barrera.

Por otro lado, Guatemala cerró el 2023 como el país más mortífero de Centroamérica para los periodistas. Cinco reporteros fueron asesinados en circunstancias que no están del todo esclarecidas hasta la fecha. Las víctimas son los comunicadores César Augusto Leiva Pimentel, Gleymer Renán Villeda, Eduardo Fernando Mendizábal Gálvez, Edin Frangely Alonzo López y Hugo Rolando Gutiérrez Alonzo.

De igual manera, hay que destacar el mencionado caso de José Rubén Zamora, exdirector del diario elPeriódico, detenido desde 2021, y condenado a seis años de cárcel, el 14 de junio de 2023, por supuestos delitos de lavado de dinero.

Barrera indica que actualmente hay entre 8 y 12 periodistas guatemaltecos exiliados. Algunos en México, El Salvador, Estados Unidos y Costa Rica. A todos ellos se les impuso orden de captura por sus publicaciones sobre el juicio contra José Rubén Zamora y fueron acusados de impedimento a la Justicia.

Para este 2024, Barrera comenta que los periodistas esperan que el clima hostil en su contra cambie con la llegada del nuevo gobierno de Bernardo Arévalo, y la APG tiene la expectativa de ver la libertad de José Rubén Zamora.

Sin embargo, Dagmar Thiel cree que la situación en Guatemala todavía no está resuelta con el cambio de gobierno debido a que “el sistema de justicia sigue cooptado por gente interesada en silenciar a la prensa”. 

Además, menciona el caso particular que viven los periodistas de comunidades indígenas. A estos se les obstaculiza para que no publiquen sobre asuntos de empresas que se dedican a actividades extractivistas en sus tierras ancestrales y sufren doblemente porque también son discriminados por “la prensa blanca” o la prensa de zonas urbanas, comenta Thiel.

Honduras entre los últimos países para ejercer el periodismo

El 21 de diciembre de 2023, Francisco Ramírez, periodista hondureño fue asesinado a balazos cuando se trasladaba en un vehículo hacia su casa, en el municipio de Danlí, a unos 100 kilómetros al este de Tegucigalpa. Antes, en mayo ya había sufrido un atentado para acabar con su vida, al que pudo sobrevivir hasta diciembre. 

Ramírez estaba bajo la protección de la Policía Nacional, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y organismos internacionales después del primer atentado. Estaba a la espera que le aceptaran una solicitud de asilo político en otro país. Otro periodista asesinado en Honduras en 2023 fue José Amilcar Cháves, quien fue encontrado muerto con golpes en su cuerpo el 1 de abril.

Reporteros sin Fronteras (RSF) sitúa a Honduras en el puesto 169 de 180 en términos de libertad de prensa. En este ranking, es el peor país para ejercer el periodismo en la región. “La prensa hondureña vive un lento descenso al infierno desde hace más de una década, tras el golpe de Estado de 2009. El país sigue siendo uno de los más mortíferos para el periodismo en el continente americano, lo cual crea un clima de autocensura y miedo en la prensa”, valora RSF en su sitio web.

RSF también advirtió que los periodistas que reportan sobre temas de narcotráfico, crimen organizado, megaproyectos, violencia, entre otros temas sensibles, son blancos de acoso, intimidación, persecución, amenazas y exilio forzado. “La mayoría de las veces, las agresiones y actos de violencia contra la prensa son cometidos por las fuerzas del orden, en especial por parte de la policía militar y el ejército”, señaló el organismo.

Osman Reyes, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), comenta vía telefónica desde Tegucigalpa que los hombres y mujeres de prensa en ese país no cuentan con seguridad. “Vivimos bajo una escalada de violencia originada por el narcotráfico y las pandillas, y los periodistas estamos en medio”, señala, y agrega que los reporteros que corren más riesgos son los que se encuentran en zonas alejadas, donde las autoridades tienen menor presencia.

En Honduras, los periodistas vivieron el 2023 enfrentados a discursos denigrantes por parte de funcionarios, con falta de acceso a fuentes gubernamentales y falta de protección ante amenazas de muerte por parte del crimen organizado. Además, RSF advirtió que en ese país “se emprenden regularmente acciones judiciales abusivas contra los periodistas y las penas de prisión por difamación son habituales. Algunas veces, van acompañadas de la prohibición de volver a ejercer el oficio”. 

Reyes coincide y menciona que en su país hay persecución judicial en contra de periodistas y el Poder Judicial se auxilia del código penal en donde están contemplados los delitos contra el honor y acusan a periodistas de difamación, calumnia e injurias. “Se emplea de manera recurrente por parte de sectores políticos para aplacar la investigación periodística”, detalla el presidente del CPH.

Según Reyes, los periodistas no cuentan con protección del Estado, pues los mecanismos de seguridad son bastante débiles. Ante esto, los reporteros prefieren salir al exilio. Reyes indica que hay siete casos de periodistas que salieron de Honduras el año pasado para buscar asilo en otros países.

El Salvador, donde impera la autocensura

Sergio Arauz, periodista de El Faro, valora el 2023 como “un año muy duro” porque se profundizó más en medidas autoritarias, “casi dictatoriales” por parte del gobierno de Nayib Bukele, explica vía telefónica desde San Salvador.

Arauz, que trabaja para una de las redacciones más agredidas por Bukele, desde su llegada al poder, comenta que en el último año hubo graves agresiones a la prensa que ya eran consideradas como fantasmas del pasado. Una de ellas es el exilio de varios periodistas.

Los periodistas salvadoreños sufren acoso en redes sociales desde el mismo gobierno, y en la Asamblea Legislativa ha habido casos de bullying por parte de diputados oficialistas. “Cualquier periodista que pregunte algo incómodo es visto como un enemigo, un adversario”, señala Arauz.

Otra forma de represión es a través de la persecución judicial y fiscal. El Faro, por ejemplo, está lidiando con cuatro auditorías fiscales enviadas por el gobierno de Bukele. “No es que un medio no esté sujeto al escrutinio y a pagar impuestos. Nosotros lo hemos hecho y con toda la disposición de rendir cuentas sobre eso, pero es muy poco justificable por parte de un gobierno enviar todas las auditorías casi al mismo tiempo a un medio tan pequeño”, alega Arauz. Las presiones que vive El Faro han provocado que la dirección administrativa haya tenido que trasladar sus operaciones a Costa Rica.

Por otro lado, los periodistas no tienen acceso a la información pública y, como actualmente se vive en un estado de excepción en ese país, cualquier periodista puede ser detenido sin mayor justificación.

Por estas razones, explica Arauz, los periodistas y la población en general han optado por la autocensura y evitan hablar de política. También, hay reporteros que han optado trabajar para los medios de comunicación oficiales, y otros que han preferido dejar de ejercer la profesión.

“Conozco cinco casos de periodistas que han dejado de ejercer para dedicarse a labores académicas o de otro tipo porque prefieren salvaguardar la integridad y seguridad, no solo económica, si no la de sus familias”, relata Arauz. 

Costa Rica, el faro de libertad de prensa que se está apagando

Hasta antes de 2023, Costa Rica era considerado un sitio seguro para los periodistas a nivel mundial, una de las principales razones por las que los reporteros de otros países de la región perseguidos por sus gobiernos buscaban refugio en ese país.

Sin embargo, el presidente costarricense Rodrigo Chaves Robles ha mostrado una actitud virulenta en contra de los periodistas, tildándolos públicamente de “sicarios” y de “prensa canalla”. Estos ataques provocaron que Costa Rica descendiera del octavo puesto al número 23 en el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

A Dagmar Thiel le preocupa las estigmatizaciones que hace el presidente Chaves sobre los periodistas nacionales, “pero también por los periodistas de otros países refugiados en Costa Rica”.

Los insultos del presidente costarricense han sido repetidos por funcionarios, miembros de su partido y diputados de la bancada del partido oficial. Ante esto, el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper) interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, la cual terminó por señalar que “ciertas expresiones y vocablos usados por los funcionarios no se justifican y sí constituyen un exceso, por lo que podrían promover el hostigamiento contra los periodistas”.

El 5 de diciembre de 2023, Colper denunció que “grupos de la sociedad civil promueven de manera continua y sistematizada mensajes de odio contra la prensa y otras instituciones, y que algunos de sus protagonistas tienen cercanía con diputados del oficialismo”.

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