Dos eventos marcaron a la prensa salvadoreña en 2022: la confirmación de que se realiza espionaje digital a periodistas y el exilio de una decena de trabajadores de medios de comunicación por temor a la persecución y la cárcel por hacer su trabajo: siete salieron por el régimen de excepción aprobado desde marzo y tres por amenazas legales o de miembros de seguridad.
A inicios del año, una investigación de las organizaciones Access Now, Frontline Defenders, The Citizen Lab y Amnistía Internacional confirmó el espionaje mediante el software Pegasus, en los teléfonos celulares de 31 periodistas, la mayoría de ellos de El Faro, y 5 activistas de la sociedad civil. El periódico digital ha demandado, en una corte federal de Estados Unidos, a los creadores de Pegasus, NSO Group, quienes confesaron que solo venden el software a gobiernos.
«Creo que fue algún organismo del Estado salvadoreño, controlado plenamente por Nayib Bukele, el autócrata que nos gobierna. No tiene ninguna lógica concluir que fue otro Estado el que invirtió millones de dólares para descubrir cómo investigábamos la corrupción y los pactos con criminales del gobierno salvadoreño», escribió el jefe de redacción de El Faro, Óscar Martínez, en una columna de opinión en The Washington Post.
La narrativa antiprensa del oficialismo se esparció a lo largo de 2022, como ha venido ocurriendo desde el inicio del gobierno de Nayib Bukele.
Mañana se cumplen 3 años del gobierno del Presidente @nayibbukele
— Christian Guevara 🇸🇻 (@ChrisGuevaraG) May 31, 2022
Y NO se ha detenido ningún periodista
NO se ha censurado ningún medio.
NO hay periodistas ni asesinados ni desaparecidos.
¿De cuál persecusión hablan?
Las agresiones también continuaron. En 2020, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró 125 ataques contra periodistas. Un año después, documentó casi el doble: un total de 219 casos. Hasta el 15 de diciembre pasado, registraba 129 casos. La cifra de este año cerrará muy parecida a la de 2020, según las estimaciones de la gremial, pero han detectado que los tipos de agresiones son ahora más graves.
«La situación ha empeorado totalmente. Más allá de los números, hay que ver la gravedad de los casos. En enero tuvimos este tema de la intervención de los dispositivos de periodistas con Pegasus, de la cual el Estado no ha brindado mayor información y la Fiscalía no ha finalizado la investigación que, desde la APES, se exigió. Tenemos (además) varias reformas legales que ponen en riesgo a periodistas», explica la presidenta de la APES, Angélica Cárcamo.
La Asociación de Periodistas cree que la situación empeoró con la ley mordaza, aprobada en abril de 2023, que penaliza hasta con 15 años de cárcel a quienes compartan información que sea sospechosa de haber sido generada por pandillas, un tema que por años fue cubierto por la prensa salvadoreña. Además, todo ocurre en el marco de un régimen de excepción que anula garantías constitucionales, y que permite capturas masivas y arbitrarias.
«Es un escenario crítico para la prensa salvadoreña porque está en un punto de no retorno hacia libertades mínimas para el ejercicio de la labor periodística. Periodistas se han tenido que ir después de esa reforma. No es un autoexilio, es una salida obligada», afirma Cárcamo, quien cree que la ley mordaza también provocó autocensura en algunos medios de comunicación.
La presidenta de la APES señala que, este año, el congreso salvadoreño aprobó otras reformas legales, como la Ley de Intervención de las Telecomunicaciones, que también ponen en riesgo a los periodistas porque se convirtieron en «una forma de legalizar el espionaje».
«Los temores de sufrir consecuencias legales por acercarse a la verdad es una nube negra que no vivíamos los periodistas y que este Gobierno ha puesto encima con la clara intención de bloquear y amedrentar. Esto no solo dificulta el trabajo, sino que desgasta porque hay que dedicar mucho más tiempo a cubrirse las espaldas físicas y jurídicas», señala, por su parte, la periodista freelance Cecibel Romero.
Durante el régimen de excepción las autoridades han cometido diferentes abusos contra periodistas. El caso más reciente ocurrió el pasado 14 de diciembre, cuando un equipo del periódico La Prensa Gráfica fue retenido e intimidado por policías y militares mientras documentaba la construcción de un megapenal en Tecoluca, San Vicente. Los obligaron a borrar las fotografías y videos que habían hecho en la zona.
Claudia Ramírez, jefa de información de dicho periódico, señala que no solo se trata de una narrativa antiprensa, sino de algo peor: las instituciones de Gobierno cerraron filas para no dar información pública, los funcionarios no responden preguntas ni dan entrevistas y hay poca información pública sobre proyectos importantes del país.
«Hay un esfuerzo sistemático de las autoridades por desacreditar la función periodística, lo que, a la larga, les permite minimizar la fiscalización que la prensa ha ejercido durante décadas», comenta Ramírez.
Entre los límites impuestos al trabajo periodístico, además de los bloqueos y la falta de acceso a información, la jefa de información de La Prensa Gráfica también menciona el deterioro de las instituciones creadas para que la ciudadanía pueda acceder a información pública, como el Instituto de Acceso a la Institución pública (IAIP).
La periodista Cecibel Romero coincide con Ramírez en que el Gobierno salvadoreño ha impuesto una política de «cero rendición de cuentas en todas las instituciones que ha tomado». Y también apunta que el Gobierno consolidó su esquema de control de los medios, lo que le permite expandir el discurso oficial «y evadir o ignorar por completo a la prensa que plantea preguntas que cuestionan los indicios de corrupción, deficiencias, falta de políticas para resolver los problemas históricos».
«Los golpes que ha recibido la prensa han sido mucho más intensos que los años anteriores, cuando se cerraban las puertas y micrófonos de Casa Presidencial a los periodistas independientes (2020), o cundo los troles y funcionarios atacaban sin rubor a los periodistas o medios que revelaban los manejos oscuros del gobierno en salud, seguridad y otros temas de interés», dice Romero.
Para esta nota, se envió un mensaje de texto al secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, pero no respondió a la pregunta que se le planteó sobre la situación de la libertad de prensa en El Salvador.
A la presidenta de la APES le preocupa que la situación empeore en 2023, porque se trata de un año preelectoral y porque considera que el discurso de odio implantado en la ciudadanía, a través de las redes sociales, se puede traducir en ataques físicos a periodistas.
En un escenario adverso y, pese a los golpes y hostilidad contra la prensa, la periodista Romero destaca que 2022 dejó algo bueno al periodismo en El Salvador: «Desde una perspectiva muy triunfalista se puede decir que, este año, el periodismo salvadoreño ha hecho revelaciones importantes que han puesto en evidencia ilegalidades, arbitrariedades y corrupción del gobierno de Nayib Bukele, e injusticias del Estado contra sus ciudadanos».
Este trabajo es parte del especial periodístico «No se mata la verdad callando periodistas» impulsado por la alianza Otras Miradas y medios aliados:
