Honduras: muertes, amenazas y control de la libertad de expresión

En los últimos años, Honduras se ha sumado a la lista deshonrosa de países latinoamericanos donde ejercer el periodismo es un peligro. Las amenazas contra los comunicadores y comunicadoras sociales se incrementan, especialmente, en los territorios donde se informan y denuncian proyectos extractivos que dañan el ecosistema y violentan los derechos de campesinos y poblaciones locales, o no se realizan con la suficiente transparencia. Un tercio del territorio está concesionado para hidroeléctricas o mineras.

Periodistas y defensores de derechos humanos se enfrentan al “plan de la muerte”, como lo han nombrado organizaciones de derechos humanos. El plan se resume en varias fases, orquestadas desde los círculos de poder. En su inicio, se basa en ignorar las denuncias que se interponen en contra de empresa extractivas. Lo siguiente, es el ataque para periodistas o defensores que vayan en contra del discurso oficial. Si las denuncias siguen, llega el proceso de criminalización, haciendo uso de delitos comunes tipificados en el Código Penal y, si a pesar de estos riesgos, el periodista persiste con las denuncias llega el terrible final: la muerte.

Sonia Pérez, corresponsal de Radio Progreso en el departamento de La Paz, zona centro-sur de Honduras, no esperó el final. Estaba acompañando a las comunidades campesinas para informar sobre las denuncias de comunidades campesinas en reclamo de sus tierras. Un atrevimiento que provocó que el Ministerio Público la incluyera en un requerimiento fiscal a cuya defensa tuvo que dedicar varios meses. Luego de enfrentar amenazas incesantes, hostigamiento y un proceso de criminalización judicial, decidió abandonar el país, a finales de 2022 en busca de asilo en otro país.

La impunidad como regla

Este 2022, el Comité de Libre Expresión (C-Libre) registra el asesinato de 5 periodistas, que se suman a los 98 de los últimos 10 años.

En octubre pasado, el periodista de la Tribuna TV, Edwin Josué Andino, de 23 años fue asesinado, junto su padre, por hombres armados, con uniformes de la Policía, que irrumpieron en su vivienda en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Hasta ahora, la Policía hondureña no tiene pistas sobre las causas del doble homicidio.

“En estos asesinatos, se pide al Estado de Honduras asumir la responsabilidad de proteger a los periodistas y el periodismo, y eso significa que también se debe atacar la impunidad y que el Estado ayude a frenar los asesinatos”, dijo Amada Ponce directora ejecutiva de C-Libre.

Dunira Orellana, directora del medio Reportar Sin Miedo, pidió protección: “Muchos de estos periodistas no sólo hacen periodismo, sino que también hacen defensorías de territorio o trabajan en temas de derechos humanos. Es muy triste saber que no se nos está garantizando el derecho a poder ejercer nuestra profesión”, denunció.

Dirección de información y prensa

Al ambiente de amenazas, hostigamiento y muertes que caracterizó a este 2022, se sumó, el pasado mes de octubre, la creación de la Dirección General de Información y Prensa, una instancia que tiene como facultades el monitoreo de los medios de comunicación. Periodistas y organizaciones de derechos humanos creen que es una amenaza de la administración Xiomara Castro, quien buscaría controlar el debate público.

Esta nueva entidad, adscrita a la Secretaría de Planificación Estratégica, estaría impulsando cuatro prácticas que, para organizaciones como C-Libre, son lesivas para la libertad de prensa y de expresión, en busca de concentrar el control del discurso público a nivel estatal, así como el condicionamiento de la pauta publicitaria, la censura previa y la asunción de responsabilidades, más allá de su competencia, a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

Leonardo Aguilar, periodista del medio Contracorriente, reconoce que la salida de Juan Orlando Hernández del poder, extraditado por narcotráfico por Estados Unidos, y la llegada de Xiomara Castro es un avance democrático en Honduras, logrado por el voto masivo que la ciudadanía dio en las pasadas elecciones a la primera mujer presidenta de Honduras. Con su llega al poder, la presidenta Castro inició con el cumplimiento de derogar algunas normas que restringían el acceso a la información, como la Ley de Secretos, que es lo que posteriormente ha permitido conocer, por ejemplo, cómo se han maneja ciertos fondos o compras.  Y eso era parte de sus promesas de campaña.

Pero, para Aguilar, todavía hay varias normas en el país que continúan obstaculizando el acceso a la información. Pero lo más preocupante, asegura, llegó el pasado 19 de septiembre cuando el gobierno central aprobó el decreto que permite la creación de la Dirección General de Información y Prensa.

Uno de los apartados que genera temor de esta Unidad o Dirección es que a CONATEL se le ampliaron las facultades para realizar inventarios de los medios digitales y escritos, cuando su función estaba relacionada con el espectro radioeléctrico.

El gobierno tiene potestad y derecho de contar con información y monitorear medios de comunicación que le permitan conocer la percepción del servicio que está dando, incluso para conocer los aciertos y críticas que se observan desde los diversos sectores de la sociedad, dice el sacerdote jesuita Ismael Moreno (conocido como «Padre Melo»), de Radio Progreso, pero “cuando hay instrumentos como la actual ley, en una sociedad tan polarizada como la hondureña, uno tiene el derecho de preocuparse porque ya no solamente pueden ser monitoreos de los medios, está también el temor de avanzar hacia un tipo de control por parte del gobierno que, a lo mejor, es generador de sospechas y de algún tipo de represalias contra medios que sean críticos a su discurso”, dice Moreno.

«Con la creación de esta unidad, es importante que el Gobierno, a través de los responsables, se acerquen a la sociedad, que escuchen al pueblo para que se desvanezcan todas las dudas y preocupaciones. Y también para que se confirme que no es un instrumento que viene a dañar y poner en riesgo de la libertad de expresión, aunque creo que no ayuda a la sociedad hondureña que haya instrumentos como estos que pongan en riesgo la libertad de expresión y la libre circulación de ideas», agrega el Padre Melo.

Aguilar recuerda las realidades del ejercicio periodístico en otros países de la región: “En Nicaragua, más de 180 periodistas se han exiliado por la dictadura de Daniel Ortega; en El Salvador es preocupante la forma como Bukele está gobernando y manejando la información, atacando a través de redes sociales a los periodistas que hacen una labor de investigación. Y en Guatemala, el encarcelamiento de periodistas y altos funcionarios judiciales. ¿Qué nos puede pasar a los medios hondureños cuando toque realizar críticas al accionar de Xiomara Castro?”.

Amada Ponce hace el llamado al Gobierno de la presidenta, Xiomara Castro, para derogar ese decreto, a la vez ejecutar acciones apegadas a ley para el respeto irrestricto a la libertad de expresión, recordando que este derecho no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental. Únicamente garantizando la libertad de expresión es posible la consolidación y desarrollo de la democracia y protección de los derechos humanos y de la libertad de prensa.

La normativa establece la contratación de una empresa internacional para realizar monitoreos de medios tradicionales como radio, TV y prensa escritos e, incluso, redes sociales, sin establecer un objetivo claro de este monitoreo, ni los elementos que se tomarán en consideración para el diagnóstico de los medios de comunicación.

En respuesta a las críticas, el gobierno dijo que: «La Dirección tendrá a cargo realizar las acciones del Gobierno en materia de información y comunicación, orientadas con los objetivos y metas gubernamentales, informando al público en general de las acciones del Estado, produciendo y contratando contenidos publicitarios y materiales de comunicación y prensa».

C-Libre, en un comunicado, considera que el Gobierno está a las puertas de poder ejecutar la censura, mediante el presente decreto, así como la vigilancia de la población, al crear un monitoreo de seguimiento de los medios de comunicación, redes sociales y demás plataformas de comunicación.

¿Y ahora?

El padre Melo recuerda que los ataques contra los periodistas forman parte de un contexto de violencia generalizada en el país. Todos los días, periodistas se enfrentan a la violencia e intimidación por grupos de poder criminales, fácticos o incluso oficiales que sienten que pueden agredir sin consecuencia alguna.

Esta realidad de violencia contra el ejercicio periodístico es un reflejo de lo que está pasando en todo Centroamérica. Amada Ponce cree que debemos a hacer periodismo cercano a la voz de las comunidades, reivindicando los derechos humanos, y que investigue y haga interlocución entre comunidades, organizaciones y gobierno.