“Me anduvieron buscando en los techos de mis vecinos”: periodistas nicaragüenses perseguidos y forzados al exilio en el año más crítico

Oscar Navarrete estuvo refugiado en varias casas de seguridad antes de exiliarse en Costa Rica. Dos días antes, la Policía había allanado su vivienda en Managua, con la intención de trasladarlo a la cárcel conocida como El Chipote, en la que actualmente guardan prisión,  incomunicados por hasta 80 días, 27 presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El “delito” de Navarrete fue dar cobertura a la expulsión de las Misioneras de la Caridad de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta ordenada por el régimen. La Asamblea Nacional procedió a la cancelación de la personería jurídica de esa orden religiosa, el pasado 29 de junio. 

Poco después, el 7 de julio, las hermanas salieron del país seguidas por una caravana de patrullas policiales y un vehículo del diario La Prensa, que daba cobertura al caso. En él se encontraban el fotoperiodista Oscar Navarrete, el conductor de la camioneta y otros periodistas que intentaban documentar los hechos.  

Aunque las patrullas policiales intentaron bloquear el paso al vehículo de La Prensa, el equipo periodístico pudo volver a sus labores cotidianas luego de la cobertura. Sin embargo, pronto empezaría una cacería, en una nueva arremetida del régimen contra la libertad de prensa y el derecho a la información. 

A las 7:30 de esa noche, Navarrete recibió una llamada que le advertía: “Te van a caer”. Tomó los pocos discos duros que tenía al alcance y salió hacia una casa de seguridad. A eso de las 2:00 de la madrugada, la policía llegó a su vivienda y se llevó todo lo que había en su habitación: cámaras, computadoras, discos de respaldo, y el resto de sus pertenencias. 

Casi simultáneamente, otros periodistas, conductores y personal administrativo de La Prensa sufrieron de igual modo el allanamiento de sus casas por parte de la policía.

“Fue traumatizante para mi familia (…) Abrieron (la casa), entraron con (todo) lujo de violencia; andaban como 30 y pico de policías, cuatro patrullas llenas de antimotines, siete motorizados. Rodearon todo el andén, catearon (allanaron) las casas, me anduvieron buscando en los techos de mis vecinos”, relata Navarrete desde su exilio en Costa Rica. 

El 21 de julio, La Prensa publicaba un comunicado en el que informaba que todo su personal había abandonado Nicaragua para ponerse a salvo de la dictadura. Periodistas, editores, fotógrafos y otro personal se vieron obligados a salir de forma irregular de Nicaragua en las últimas dos semanas para resguardar su seguridad y libertad”, indicó el informe, que también destacaba la detención de dos conductores del diario. 

Según la red regional de organizaciones de la sociedad civil, Voces del Sur, en noviembre de 2022, se registraron otros seis casos de agresiones a la libertad de prensa en Nicaragua: cinco contra periodistas y uno contra el medio de comunicación Radio mi Voz.

“Conocimos y tenemos el registro de cinco denuncias de amenazas y asedio por parte de agentes policiales y paraestatales, producidas en el contexto del proceso de las votaciones municipales”, destaca el informe de Voces del Sur, donde también se subraya que, el pasado noviembre, al menos cuatro periodistas nicaragüenses tuvieron que exiliarse ante la dificultad que existe en el país para ejercer el oficio y el peligro que implica. 

Las agresiones en contra de los comunicadores no han cesado. La noche del reciente domingo 11 de diciembre, la Policía del régimen detuvo a Manuel Obando y Wilberto Artola, periodistas de medios católicos de la Diócesis de Matagalpa, en otro operativo que incluyó varias patrullas policiales. 

Las tres instituciones que utiliza el régimen contra los periodistas: Policía, Ministerio Público y Migración 

La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) ha señalado que no solo la Policía del régimen ejecuta la represión en contra de los periodistas de Nicaragua, sino que hay más instituciones involucradas. 

Si bien la Policía ocupa el primer lugar entre los agresores, por ser el principal brazo represor del régimen, el Ministerio Público es la segunda institución en esta línea, pues, desde la vía judicial, coopera en el montaje de acusaciones bajo cargos de leyes diseñadas ad hoc contra los periodistas en el país. 

En mayo de 2021, en medio de una investigación por supuestos delitos de lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la Fiscalía citó a nueve periodistas, a quienes presionó para que dejaran de informar sobre lo que ocurría en Nicaragua, utilizando la “Ley de Ciberdelitos”,aprobada en diciembre del año anterior con el fin de acallar todas las voces críticas contra el régimen so pena de cárcel. 

Navarrete también estuvo en ese grupo de comunicadores citados por el Ministerio Público y recuerda que constantemente le advirtieron que solo podía hacer “periodismo light”, como él lo califica, para que lo dejaran en paz. 

El tercer brazo ejecutor de estas agresiones, la Dirección de Migración y Extranjería trata con el mismo criterio a periodistas y opositores políticos impidiéndoles salir del país, quitándoles el pasaporte o, incluso, prohibiéndoles que vuelvan a Nicaragua cuando se encuentran en el extranjero. Esto último sin que haya ninguna sentencia ni orden pública. 

El caso más reciente es el del periodista de la Agencia de Noticias EFE, Luis Felipe Palacios. El pasado 30 de noviembre volvía de varias reuniones de trabajo en el exterior cuando recibió una notificación de la aerolínea, donde le informaban que las autoridades nicaragüenses no habían autorizado su ingreso, a pesar de que él es nicaragüense. 

“Hasta pronto, mi Nicaragua! ¡Hasta pronto, familia! ¡Hasta pronto, familia de EFE en Managua! ¡Hasta pronto, valientes colegas nicaragüenses! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, familia de baloncesto de Nagarote! Primero Dios, regresaré. Los llevo en mi corazón”, publicó el periodista en su cuenta de Facebook, tras conocer la orden que le prohibía volver a su propio país. 

La medida de impedir el ingreso de periodistas también ha alcanzado a corresponsales y colaboradoras de medios extranjeros. Tal fue el caso de la antropóloga y periodista guatemalteca Irma Alicia Velásquez, a quien, el pasado 1 de agosto, se le impidió la entrada a Nicaragua, sin brindarle explicación alguna.

De acuerdo con PCIN, la Dirección de Migración y Extranjería también impide que los periodistas nicaragüenses tramiten o renueven sus pasaportes y esa medida se ha extendido a sus familiares más cercanos. 

Los periodistas también han sufrido a los seguidores, fanáticos, del régimen que, al ver a una persona con cámara o micrófono, se lanzaban contra ella. Eso es lo que le ocurrió a una periodista nicaragüense que pidió anonimato por seguridad. 

“En cada cobertura (que hacía) me asediaban. En 2019, me agredieron en Masaya, igual en las marchas, y siempre tuve miedo de los paramilitares”. 

Ella fue una de las colegas que tuvo que salir de Nicaragua hacia el exilio de forma irregular, durante julio de 2022, por la persecución desatada en contra de los periodistas por parte del régimen Ortega-Murillo. 

Otra periodista, que aún se encuentra dentro de Nicaragua, relata que no “duerme tranquila”, pensando que la pueden llevar detenida e incluso que puede ser víctima de agresiones físicas o sexuales. 

“Como mujeres estamos expuestas a agresiones de violencia sexual. Es en lo que una piensa: si caigo presa, es posible que me violen o sea víctima de tocamientos. Sí sentís que estás en mayor vulnerabilidad, y esto no es necesariamente por la profesión”, dijo. 

Año crítico para el periodismo nacional

Para Abigail Hernández, periodista y miembro de PCIN, la situación del periodismo en Nicaragua termina el año 2022 en “crisis”, pues hasta la fecha se registran al menos 180 periodistas en el exilio como consecuencia de la persecución del régimen, desde abril de 2018. 

A medida que la represión aumenta, los periodistas intentan “subsistir y resistir”, para seguir denunciando los crímenes que ocurren en Nicaragua, señala Hernández.

“Nicaragua se convierte así en el país más peligroso para ejercer el periodismo en Centroamérica. Si bien es cierto que otros colegas, en otros países, están enfrentando persecución, espionaje, juicios y asesinatos, en el caso específico de Nicaragua no existe un Estado de derecho. Los periodistas no tenemos dónde poner denuncias que sean recibidas, pero además, que sean atendidas de manera oportuna”, lamenta Hernández. 

La ausencia de un Estado de derecho y la instrumentalización de las instituciones públicas han imposibilitado hasta que existan procesos legales para exigir la libertad de los periodistas arrestados. 

La periodista Cristiana Chamorro, se encuentra en arresto domiciliario desde junio de 2021 y sus colegas Miguel Mendoza y Miguel Mora que están en prisión desde ese mismo año. A pesar de los múltiples llamados para que sean liberados, siguen pagando condenas de 8, 9 y 13 años de cárcel, respectivamente. 

“Ejercer el periodismo en Nicaragua, dentro de Nicaragua, es una labor cada vez más difícil, cansada, estresante y sumamente peligrosa. Esto se debe a la criminalización (de la profesión), por parte del régimen en estos últimos cuatro años”, se queja una de las periodistas que pidió anonimato. 

Para estar seguros, los periodistas ya no cargan equipos de trabajo o identificaciones que puedan vincularlos a medios de comunicación. La periodista recuerda que todavía en 2021 y a inicios de 2022 podían hacer giras de campo para elaborar trabajos, pero hoy eso es imposible porque si son detenidos en las carreteras los pueden llevar a prisión.

“Apagón informativo” 

Abigail Hernández considera que el exilio de los periodistas, sumado al control que ejerce el régimen sobre los canales de televisión abierta, el cierre de radios comunitarias y la inexistencia de medios de comunicación impresos, ha llevado a que algunas zonas rurales de Nicaragua ya estén viviendo un “apagón informativo”. 

Esto ha obligado a varios medios independientes a transmitir por vías no convencionales, y hacerlo principalmente por redes sociales. Por ello, a muchas personas que reciben información, principalmente, con televisión y radio, sólo les llega la propaganda del régimen. 

El periodismo nicaragüense lucha para que la información siga llegando  por web y redes sociales a la población que todavía se encuentra en el país. Sin embargo se enfrenta a “una estrategia estatal construida y dirigida para la aniquilación de la libertad de prensa”, según asegura Hernández. 

Más allá de las dificultades que impuso, la pandemia de Covid-19 conllevó una faceta positiva para el periodismo independiente. Los reporteros que aún permanecían en el país, en 2020, tuvieron que realizar su trabajo en remoto, por las limitaciones de salud impuestas, lo que les permitió adaptarse mejor a ese modelo de trabajo, ahora, desde el exilio. 

Cuando Navarrete llegó a Costa Rica, solo llevaba algunos discos duros de respaldo de sus trabajos fotográficos, pero se las ha arreglado para continuar trabajando. 

Para Navarrete, quienes aún intentan ejercer el periodismo independiente en Nicaragua se enfrentan al sufrimiento y la cárcel, tras un proceso judicial con «cargos ridículos» solo por tratar de hacer su trabajo.